El Gobierno decidió restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una presunta campaña de espionaje ruso para, según una investigación periodística, desacreditar al Ejecutivo nacional durante 2024. La disposición se extendió a la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem.
El Círculo de Periodistas Parlamentarios fue comunicado sobre la suspensión de las acreditaciones de medios, entre los cuales se encuentran La Patriada, el Destape, A24 y Gritos del Sur. Aclararon que no era algo personal con los periodistas, sino con los medios.
Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado US$ 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.
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Hubo al menos seis casos, entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero, en los que periodistas acreditados no pudieron ingresar este lunes a la Casa Rosada para cubrir las actividades de la administración nacional. Tampoco se les informó por cuánto tiempo se extendería la prohibición para desempeñar su tarea.
La información deriva de 76 documentos que obtuvo el medio africano The Continent y que fueron verificados por un consorcio periodístico que incluye a Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), dos periodistas de habla rusa y openDemocracy (Gran Bretaña)
Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la supuesta campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y entrevistas con expertos, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.
La maniobra de desprestigio consistió en operaciones de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.
La Casa Rosada, en tanto, ya había denunciado la injerencia de La Compañía en la Argentina. En junio de 2025, acusó a cinco ciudadanos rusos, residentes en el país, de desarrollar tareas sospechosas en coordinación con el Kremlim. Entre ellos, señaló a Lev Konstantinovich, al que identificó como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, y a su esposa, Irina Iakovenko.