El abogado defensor de Diego Landriscina, Marco Molero, brindó declaraciones públicas a la salida del edificio de Fiscalías en la ciudad de Resistencia, donde se refirió a la situación judicial de su defendido en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades con fondos vinculados a la Bolsa de Comercio del Chaco.
Molero sostuvo que “no hay elementos” que justifiquen una eventual detención de Landriscina, actual secretario de Gobierno en uso de licencia de Presidencia Roque Sáenz Peña, e incluso consideró que “técnicamente no debería ser ni siquiera imputado”.
En ese contexto, el letrado indicó que el municipio ya comenzó a responder aspectos de la denuncia impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien actúa como querellante en la causa junto a concejales de la ciudad termal.
Durante sus declaraciones, Molero cuestionó el rol del legislador y señaló que le llama “profundamente la atención” su postura respecto al manejo de los fondos públicos. “Celebra que el dinero de una entidad pública esté en manos de una organización particular como es la Bolsa de Comercio del Chaco, una asociación civil sin fines de lucro. Es una rareza”, afirmó.
Asimismo, recordó que cuando la Justicia ordenó mediante una medida cautelar la restitución de los fondos al municipio, Pérez Pons habría manifestado su intención de promover un juicio político contra el magistrado interviniente. “Tiene un doble rol, como querellante y como defensor de la entidad”, sostuvo el abogado.
Por otra parte, Molero destacó la actuación del equipo legal del municipio y la intervención del intendente Bruno Cipolini, al considerar que hubo “decisión política y reflejos rápidos” para resguardar los recursos públicos. “Quien prefiera que los fondos estén en una entidad cuestionada antes que en manos de los vecinos, a mí me deja atónito”, expresó.
En relación a la situación personal de Landriscina, el abogado afirmó que su defendido también se encuentra en carácter de damnificado, ya que realizó inversiones a título personal en la entidad y tampoco habría recibido los pagos correspondientes.
Finalmente, Molero remarcó que la situación procesal del funcionario “es coincidente con la de otros inversores privados” y anticipó que, en caso de avanzar una imputación, la defensa buscará revertirla en sede judicial.