La investigación por presuntas inversiones de fondos municipales en la Bolsa de Comercio en Sáenz Peña continúa avanzando y este martes sumó un nuevo testimonio clave: el de la presidenta del Concejo, Nora Gauna.
Según informó el fiscal Marcelo Soto, la funcionaria sostuvo que el Concejo Deliberante “nunca tuvo participación en este tipo de operaciones” y aseguró desconocer los movimientos vinculados a las inversiones bajo análisis. Además, remarcó que durante los períodos en los que estuvo a cargo del Ejecutivo municipal de manera interina no recibió solicitudes relacionadas con colocaciones financieras.
Su declaración
Tras prestar testimonio, Gauna explicó que su intervención se centró en ratificar lo ya presentado previamente por escrito y en ampliar detalles sobre su rol cuando debió asumir transitoriamente la Intendencia.
“Estar a cargo de la Intendencia por una ausencia temporal no me convierte en intendenta. Mi función es administrativa, garantizar el funcionamiento del municipio, los servicios y el pago a proveedores”, expresó.
En ese sentido, insistió en que no intervino ni fue informada sobre decisiones vinculadas a inversiones.
Posibles nuevas citaciones
Consultada sobre la posibilidad de que otros concejales sean convocados, consideró que podría ser necesario. “Por las preguntas que me realizaron, vinculadas al funcionamiento de comisiones, entiendo que otros concejales también podrían declarar, ya que no formo parte de todas”, indicó.
Durante la misma jornada también brindó declaración el diputado provincial Juan José Bergia Pérez Pons, quien impulsó la denuncia que dio origen a la causa y participa como querellante, situación que Gauna admitió que le generó sorpresa.
Investigación en curso
Uno de los puntos centrales de la testimonial giró en torno a si el Concejo había autorizado operaciones con la Bolsa de Comercio, algo que, según Gauna, ya había sido respondido previamente.
Por su parte, el fiscal Soto confirmó que se solicitaron informes a la Procuración para determinar la existencia y características de las inversiones cuestionadas.
“El objetivo es avanzar con rapidez para esclarecer cómo se realizaron estas operatorias”, afirmó.
La causa busca establecer si hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos mediante inversiones no garantizadas y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el dinero permanece resguardado en una cuenta judicial.