La tensión en la frontera entre Pakistán y Afganistán escaló en los últimos días tras una serie de bombardeos y enfrentamientos que dejaron un saldo humano y material significativo. El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, afirmó que las fuerzas de seguridad mataron a 464 combatientes del régimen talibán afgano, destruyeron 188 puestos de control y capturaron a 31 personas en el marco de la denominada “Operación Ghazab Lil Haq”.
Según Islamabad, la ofensiva fue lanzada tras una “acción no provocada” desde el otro lado de la frontera y dejó además más de 665 operativos afganos heridos, así como la destrucción de tanques, vehículos blindados y piezas de artillería. Asimismo, el gobierno paquistaní aseguró haber atacado 56 objetivos en territorio afgano, incluidos depósitos de municiones y posiciones vinculadas a milicias.
Sin embargo, desde Kabul rechazaron esas cifras y denunciaron que los bombardeos alcanzaron zonas residenciales. El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, sostuvo que al menos 110 civiles, entre ellos 65 mujeres y niños murieron y otros 123 resultaron heridos entre el 21 de febrero y el 2 de marzo. Además, informó que cientos de viviendas, una escuela y un centro de salud sufrieron daños.
Por otra parte, autoridades paquistaníes confirmaron ataques sobre instalaciones en Jalalabad y sobre la estratégica base aérea de Bagram. Desde el Ministerio de Defensa afgano reconocieron bombardeos en esa zona, aunque aseguraron que no hubo víctimas ni daños de gran magnitud.
En este contexto, periodistas internacionales reportaron explosiones en Kabul y combates activos en el cruce fronterizo de Torkham, lo que evidencia que los enfrentamientos se extendieron más allá de áreas rurales y alcanzaron puntos estratégicos.
El trasfondo del conflicto radica en las acusaciones de Pakistán contra el gobierno talibán por no actuar contra grupos armados que operan desde territorio afgano y atacan objetivos paquistaníes.
Kabul, en cambio, denuncia violaciones de su espacio aéreo y ataques indiscriminados contra población civil.
Mientras tanto, organismos internacionales advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en una región ya golpeada por crisis previas. Miles de personas abandonaron sus hogares en provincias fronterizas como Kunar, donde autoridades locales denunciaron la muerte de civiles y daños en mezquitas, escuelas y clínicas.
De esta manera, la escalada militar entre ambos países abre un nuevo foco de inestabilidad en Asia meridional. Con cifras contradictorias y acusaciones cruzadas, la frontera quedó al borde de una guerra abierta cuyo alcance aún es incierto.