El fiscal Marcelo Soto que interviene en las causas vinculadas a la Bolsa de Comercio confirmó que la Justicia provincial ya inició medidas investigativas tras el ingreso de dos denuncias consideradas de relevancia institucional: una presentada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons contra el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y otra impulsada por el propio municipio contra la Bolsa de Comercio.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal explicó que inicialmente se dio trámite a la denuncia presentada por la comuna, a partir de la cual se solicitaron informes a distintos organismos, entre ellos la Bolsa de Comercio, la Secretaría de Economía municipal, el Concejo Deliberante, el Nuevo Banco del Chaco y el Tribunal de Cuentas.
Pedido para levantar el secreto bursátil
El funcionario judicial indicó que la Bolsa de Comercio remitió hasta el momento solo una parte de la documentación requerida, aproximadamente un 20% de lo solicitado. Según precisó, el resto de la información se encuentra alcanzada por el secreto bursátil.
Por este motivo, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías el levantamiento de dicha restricción, medida considerada necesaria para avanzar con la investigación y acceder a la totalidad de los datos financieros requeridos.
En paralelo, se aguarda la respuesta de los demás organismos públicos, que cuentan con un plazo general de diez días hábiles para remitir los informes, aunque estiman que podrían presentarse antes.
Qué información busca la fiscalía
El fiscal explicó que la investigación apunta inicialmente a determinar aspectos generales y específicos de la relación entre el municipio y la Bolsa de Comercio.
Entre los puntos centrales se busca establecer:
- Si existía un convenio marco entre ambas instituciones.
- Desde cuándo estaba vigente dicho acuerdo.
- Si el convenio fue modificado con el paso del tiempo.
- Qué tipo de operaciones financieras se realizaron y bajo qué perfil de inversor.
En este sentido, aclaró que el análisis incluye cuestiones técnicas vinculadas a los perfiles de inversión —conservador, moderado o de riesgo—, ya que estos factores influyen directamente en las operaciones realizadas.
Análisis en marcha y equipo de trabajo
La documentación recibida comenzó a ser analizada por el Equipo Fiscal Nº 3, integrado por funcionarios judiciales y personal técnico de la fiscalía. Por el momento no intervienen peritos externos, aunque no se descarta su participación más adelante según avance la causa.
El fiscal remarcó que las dos denuncias tramitan por separado y no serán unificadas, ya que responden a planteos distintos.
Posibles delitos bajo análisis
Consultado sobre eventuales responsabilidades penales, explicó que aún es prematuro establecer imputaciones concretas. No obstante, señaló que los denunciantes mencionan posibles figuras como:
- incumplimiento de deberes de funcionario público,
- malversación de caudales públicos,
- negociaciones incompatibles con la función pública.
Aclaró además que hasta el momento no se presentaron pruebas documentales concluyentes, motivo por el cual la fiscalía centra su trabajo en la recolección de informes oficiales.
Competencia provincial
El funcionario judicial confirmó que la causa se mantiene en la órbita de la Justicia provincial, salvo que durante la investigación surja algún delito de competencia federal. En ese marco, señaló que mantuvo conversaciones con el fiscal federal Patricio Sabadini, quien lleva adelante otra investigación sin vinculación directa con este expediente.