El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” y denunció que el Gobierno nacional avanza en un cierre “encubierto” de la Dirección Nacional de Vialidad a través de un nuevo organigrama que implicaría, según el gremio, el abandono de funciones operativas clave.
En el comunicado difundido por el sindicato, el proceso se enmarca en una “reorientación institucional” impulsada bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En ese sentido, sostuvieron que la medida implicaría que el organismo deje de ejecutar obras y tareas operativas para convertirse en un ente limitado a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Según advirtió el gremio, esto significaría que “el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros, si es que lo hacen”, lo que, a su entender, representa un retiro explícito del Estado de una función esencial con impacto directo sobre millones de usuarios.
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Por su parte, la secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó con dureza la decisión y afirmó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total” de los poderes del Estado y la Constitución Nacional.
Asimismo, sostuvo que, pese a que la Justicia y legisladores del Congreso habrían señalado la imposibilidad de avanzar en la disolución del organismo, el Ejecutivo continúa con medidas administrativas que apuntan al mismo objetivo.
Además, el sindicato intimó formalmente mediante carta documento al ministro Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de adoptar o ejecutar cualquier medida que tienda “a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición” de la Dirección Nacional de Vialidad.
En esa línea, el gremio advirtió que este tipo de decisiones resultarían contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio y al deber de preservar el patrimonio estatal. También alertó sobre posibles consecuencias sociales, económicas y en materia de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país.
En este contexto, el sindicato hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las eventuales consecuencias institucionales, patrimoniales y laborales que pudieran derivarse de estas medidas, y adelantó que evalúa acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas en defensa del organismo