Los fiscales federales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares pidieron 10 años de prisión para el ex juez Marcelo Bailaque por incumplimiento de deberes de funcionario público, extorsión, lavado de dinero y otros delitos.
La acusación presentada recae también contra la esposa del ex magistrado, Graciela Martínez Maulión, y para el escribano Santiago Busaniche.
Bailaque está acusado de armar una causa penal para perjudicar a dos empresarios bursátiles, a quienes extorsionó para cobrarles 200 mil dólares a cambio de no avanzar en las acusaciones. También le atribuyen haber cobrado un contrato de alquiler fantasma durante seis años para recibir dinero de una mutual relacionada al empresario Fernando Whpei, imputado colaborador del mismo expediente.
Graciela Martínez Maulión, esposa de Bailaque y abogada, está acusada junto a su marido por lavado de dinero ante la compra de un lote en Funes por lo cual la Fiscalía pidió para ella 4 años y 6 meses de prisión. En tanto que para Busaniche la pena solicitada es de 6 años de cárcel por las mismas maniobras extorsivas a dos empresarios que le achacan a Bailaque.
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Una de las imputaciones a Bailaque gira en torno al presunto armado de una causa a los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Maniobra extorsiva que fue confirmada por el extitular de Afip en Rosario, Carlos Vaudagna, cuando en marzo pasado declaró como arrepentido en la causa por la que también está imputado: dijo que se enteró de este plan a mediados de 2019, cuando fue invitado a una cena en el edificio de Bailaque a la que también asistió Fernando Whpei.
Vaudagna afirmó que Bailaque y Whpei le avisaron que a su despacho de Afip le iba a llegar una denuncia anónima contra los empresarios Iglesias y Oneto. También le sugirieron que elevara esa denuncia a la Justicia federal en una fecha determinada, cuando estuviera de turno el juzgado de Bailaque. “Sobreentendí que era para perjudicar a estos sujetos”, declaró Vaudagna.
Bailaque y Whpei sabían que Iglesias pretendía postularse para presidir una compañía de seguros y que Oneto había sido mencionado en una causa por estafas inmobiliarias. Es decir que ambos podían quedar acorralados y presionados a acceder a lo que finalmente fue el pedido de un pago de 200 mil dólares, de los que pagaron 160 mil en distintos momentos.
En septiembre pasado, Bailaque sumó una nueva imputación, sospechoso de cobrar un alquiler fantasma. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) lo acusaron ahora por delitos de dádivas y lavado de activos. La maniobra se realizaba mediante el cobro de alquileres de un inmueble de su propiedad ubicado en la localidad de Caleta Oliva, provincia de Santa Cruz, a través de una mutual relacionada al empresario Fernando Whpei, imputado en la misma causa.
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La Fiscalía expuso que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual. Las maniobras se realizaron desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Irigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, de propiedad de Bailaque. De acuerdo con la imputación, la mutual Siempre Joven tiene domicilio en Mariano Moreno 5522 de Wilde, provincia de Buenos Aires. Está vinculada a Whpei y a distintas personas jurídicas relacionadas al empresario rosarino. Entre ellas Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, Unión Provincial Asociación Mutual.