El acuerdo de comercio e inversión firmado entre la Argentina y Estados Unidos no solo desató críticas internas, sino que también comenzó a generar tensiones dentro del Mercosur.
Al respecto, el parlamentario del organismo, Gabriel Fuks (Unión por la Patria), presentó un proyecto de recomendación en el Parlasur, acompañado por otros legisladores del mismo bloque, para solicitar que el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) se expida sobre el impacto de este convenio en las normas y compromisos comerciales del bloque regional.
El proyecto tiene como objetivo forzar al Gobierno argentino a proporcionar transparencia total sobre el contenido del tratado firmado el 6 de febrero, exigiendo que se remita el texto íntegro —incluidos los anexos y cronogramas— y un análisis jurídico detallado que establezca si el pacto es compatible con los principios establecidos por el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, los acuerdos fundacionales del Mercosur. Adhieren a la iniciativa las y los parlamentarios Mariano Arcioni, Gustavo Arrieta, Raúl Bittel, Karolina Bobadilla, José Cáceres, Ana María Corradi, Alejandro Deanes, Victoria Donda, Marina Femenia y Franco Metaza.
Fuks y sus compañeros de bancada alertan que el acuerdo podría afectar directamente la política comercial común del bloque, un eje central del Mercosur. Señalan que el entendimiento entre ambos países podría modificar aranceles, alterar regímenes regulatorios y abrir mercados preferenciales sin considerar las negociaciones y políticas establecidas a nivel regional.
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El Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur es un órgano destinado a mediar y resolver controversias entre los Estados miembros. En este caso, los legisladores proponen que el TPR examine si el acuerdo con Estados Unidos contraviene alguna de las normas esenciales del bloque, como la Tarifa Externa Común (TEC) y la coordinación de negociaciones con terceros países.
Este tribunal, que actúa como un árbitro de controversias, podría convertirse en un actor clave si se confirma que el acuerdo bilateral con Washington presenta incompatibilidades con los compromisos asumidos por los miembros del Mercosur.
El proyecto no busca frenar el acuerdo, pero sí subraya la necesidad de garantizar que el Gobierno de Argentina cumpla con la obligación de brindar detalles completos sobre los términos del pacto.
En este sentido, los parlamentarios reclaman que se analicen con detenimiento las cláusulas vinculadas a temas sensibles como subsidios, propiedad intelectual, estándares regulatorios y medidas sanitarias. Argumentan que algunos de estos aspectos podrían ser incompatibles con el marco normativo del Mercosur y afectar directamente el comercio intra-bloque.
Además de los riesgos normativos, el proyecto plantea que el acuerdo con Estados Unidos podría generar distorsiones económicas dentro del Mercosur, tales como el desvío de comercio, la triangulación de productos o el debilitamiento de la unión aduanera, poniendo en riesgo los intereses económicos de los países miembros.
Este planteo introduce una nueva dimensión al debate sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, sacándolo del ámbito exclusivamente nacional y llevándolo al escenario institucional del Mercosur.
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En términos políticos, una eventual intervención del TPR podría convertirse en un argumento de peso dentro del debate parlamentario en Argentina, al momento de tratar la ratificación definitiva del acuerdo.
Aún sin la letra chica del acuerdo y la creciente presión interna y regional, el futuro de este pacto bilateral podría depender no solo de la voluntad política de la Casa Rosada, sino también de la respuesta del Mercosur.