El Municipio de San Isidro puso en marcha la segunda fase del plan de reordenamiento vial en la estratégica intersección de las avenidas Centenario y Márquez. Tras los resultados positivos de la primera etapa realizada en julio de 2025, donde «se logró reducir el tiempo promedio de espera en el giro desde Márquez de 6 minutos a 2,5 minutos», la comuna busca ahora profundizar la fluidez del tránsito en este nodo clave.
El proyecto actual contempla la construcción de un segundo carril de giro desde la avenida Santa Fe hacia Márquez, la demolición parcial del cordón separador central y la ampliación de la calzada en el sentido que se dirige hacia el partido de Vicente López.
La importancia de esta obra radica en que el cruce constituye uno de los puntos de mayor conflictividad vial del distrito y toda la zona norte, al concentrar un alto caudal de vehículos particulares, numerosas líneas de colectivos y un flujo peatonal intenso por su proximidad a las vías del Ferrocarril Mitre.
Según explicaron desde el área de obras, «con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor circulación, el Municipio busca mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y jerarquizar el espacio peatonal». Al igual que en la fase anterior, se eligió el receso de verano para minimizar las molestias a los usuarios habituales de estas arterias.
Los trabajos tendrán una duración estimada de 20 días, período durante el cual se implementará un corte total del giro desde la avenida Márquez hacia Santa Fe (sentido sur). Como alternativa, los conductores podrán utilizar los carriles centrales de Márquez para realizar la maniobra.
Asimismo, se prevén cortes parciales en el sector central de la avenida Santa Fe, aunque en este caso no se realizarán desvíos. Para garantizar la seguridad, el Municipio dispuso la presencia permanente de agentes de tránsito y cartelería informativa para orientar a los automovilistas durante toda la ejecución del proyecto.
San Isidro seguirá sin fotomultas
Tras 180 días de suspensión del sistema de fotomultas, el municipio que gobierna el intendente Ramón Lanús prorrogó la medida por el mismo período para el 2026 para buscar mayor transparencia y eficiencia en el control de infracciones viales.
El 23 de abril del año pasado la comuna había suspendido el sistema de fotomultas tras hallar «inconsistencias, ambigüedades y contradicciones» en la ejecución de los convenios firmados en los años 2020 y 2022 con universidades públicas que habrían desviado y tercerizado las funciones para las que había sido contratadas en compañías privadas.
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Informaron que la prórroga responde a la necesidad de ajustar el sistema previo, que había sido criticado por priorizar fines recaudatorios y por la falta de claridad en la gestión de los convenios. El municipio se comprometió a implementar un nuevo modelo de fiscalización de tránsito, orientado a la seguridad vial de los vecinos, y fue acompañada por la promesa de mantener los controles en las calles del partido.
Se espera que la medida funcione igual que el año pasdo, que mientras estuvo vigente se reforzaron los operativos de seguridad vial usando empleados de tránsito local. Se dijo que duraría hasta garantizar que “la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios». Ahora se detalló que el rediseño del sistema contemplatá un trabajo en profundidad sobre el tipo de cámaras y el circuito de gestión y cobro de infracciones.
También se llevan adelante estudios legales y técnicos, en coordinación con actores involucrados, para resolver las falencias que derivaron en la interrupción del sistema anterior.
Remarcaron que la Subsecretaría de Movilidad realiza un seguimiento de experiencias y sistemas utilizados en otras jurisdicciones, con la intención de perfeccionar la detección y verificación de infracciones y fortalecer la seguridad vial en el distrito.
La determinación del intendente ocurrió por la falta de información relevante sobre el funcionamiento del sistema, regido bajo convenios realizados por Gustavo Posse. En el municipio existen sospechas de un entramado de recaudación en beneficio de terceros, a partir de una llamativa ausencia de constancias documentales sobre todo el proceso que involucra a las fotomultas en el distrito.
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Por eso, el decreto firmado el año pasado por Lanús intimó a la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), que suscribieron convenios por fotomultas con Posse, respondan una serie de requerimientos para clarificar «ambigüedades y contradicciones».