«Terminamos 2025 a los ponchazos. Escasearon donaciones, pero se acercaron más familias con necesidad», cuenta Graciela Achabal. Su merendero y comedor, ubicado en Chaco, atiende a 80 familias, entre las que se encuentran 220 niños de 0 a 12 años.
Sus actividades no cuentan con apoyo nacional: se sostienen con ayuda del municipio, organizaciones civiles y donaciones particulares. «En enero, estas últimas mermaron porque muchos de los donantes están en receso: este mes ofrecen merienda y cena una vez por semana. En febrero podrían normalizar la entrega de lunes a viernes», afirma Graciela.
«Se acercan bastante de otros barrios, pero no podemos tomar a menos que sea un caso de urgencia», comenta. Tiene un cupo y recursos limitados que también usan para la construcción de un lugar donde los chicos puedan estar más cómodos. «Varios conocidos empezaron a donar ropa e hicimos una feria», explica.
A la organización Sal de la Tierra, de Buenos Aires, las ayudas de Nación dejaron de llegar con el cambio de gestión. «La demanda aumentó un 100%. Muchos adultos mayores, personas desocupadas, cartoneros y familias a las que no les alcanza el sueldo se acercan», explica Leonardo Álvarez, representante de esa institución.
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Como en el caso de Achabal, no pueden ampliar la cantidad de familias más allá de las personas empadronadas, salvo en situaciones de emergencia. «Estamos recibiendo de la provincia aproximadamente 12.000 kilos de comida por bimestre. Antes teníamos también 18.000 kilos mensuales de Nación, y atendíamos a 1.800 familias», asegura.
En 2025, a través del Programa Políticas Alimentarias dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Gobierno invirtió $79.700 millones en comedores comunitarios y merenderos. Para 2026, pese a la inflación esperada, esos recursos bajarán a los $67.104 millones: una reducción del 15,8%.
El rubro alimentos subió 3,1% en diciembre del año pasado, según el Indec. De 2024 a 2025 los precios escalaron un 32,2%. En ambos casos el crecimiento fue superior a la inflación general: del 2,8% y el 31,5% respectivamente.
«Yo hablé con varios funcionarios y en su momento nos dijeron que conocían a nuestra ONG, que reconocían nuestro trabajo. Todo el tiempo hacemos pedidos, que nos reciben incluso muy amablemente», asegura Álvarez, que recalca que su organización y quienes asisten a ella no tienen compromisos políticos.
«Nosotros tenemos un padrón. Sobre ese padrón hay altas y bajas de gente que fallece o que consigue trabajo, aunque esto último es cada vez menos frecuente», afirma. El padrón se presenta trimestralmente, y por eso, salvo excepciones, no pueden ayudar a más personas de las que figuran en esos listados.
Para el tercer trimestre de 2025, el 6,6% de la población económicamente activa (14,6 millones de personas en total) estaba desocupada. Este dato representa una caída respecto al mismo trimestre de 2024 (6,9%), pero un incremento en relación a 2023 (5,7%).
Esta semana, la Justicia habilitó la feria judicial por un reclamo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en reclamo de la entrega de alimentos a 30 comedores comunitarios.
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Desde el Ministerio de Capital Humano respondieron con un comunicado en el que aseguraron que estos reclamos son utilizados «con fines políticos y mediáticos» y con el objetivo de «desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a su titular, la ministra Sandra Pettovello”.
A su vez, manifestaron que la cartera «reafirma su misión de gestionar con eficacia las políticas sociales, garantizando los derechos de la población en situación de vulnerabilidad».