En lo que va de 2025, el Gobierno nacional ejecutó un 32% menos del presupuesto que en 2023 en la Administración Pública, reflejando el fuerte ajuste que se está llevando adelante y siendo las áreas de Salud, Ciencia, Seguridad Social y Desarrollo Productivo las que sufrieron los recortes más severos.
Según reflejó el informe del CEPA, “la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional: datos a noviembre 2025”, el sector cuyo presupuesto más creció en el Estado es la Secretaría de Inteligencia, con un aumento del 26% respecto a 2023.
En contraposición, el área de Salud fue la que sufrió los recortes más brutales, con una caída del 72% incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud.
Luego, la siguen los hospitales nacionales, con ajustes entre -30% y -42%, el Instituto Malbrán (-24%) y la ANMAT (-28%). El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una caída del 41%, mientras que el INCUCAI presenta un aumento del 28% en su ejecución.
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Otro sector que sufrió la mano más dura de los recortes es el científico, que tuvo caídas generalizadas con bajas puntualmente importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-83%), CONAE (-32%), CONICET (-32%), Servicio Geológico Minero Argentino (-32%), Servicio Meteorológico Nacional (-36%), Fundación Miguel Lillo (-27%) y CONEAU (-15%).
Los organismos de Seguridad Social también muestran disminuciones relevantes: ANSES registra un recorte del 12%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 72%, y el INAES del 72%. En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-64%).
De la misma manera, los sectores de desarrollo productivo también sufrieron fuertes recortes que afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-78%), INTA (-39%) e INTI (-43%). Los organismos vinculados a energía presentan también fuertes ajustes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica (-42%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-7,5%), el ENRE (-20%) y el ENARGAS (-30%).
Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas experimentan recortes significativos: Policía Federal (-31%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-28%), Ejército (-19%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-22%).
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En el área educativa, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-89%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Acciones de Formación Docente (-78%), Infraestructura y Equipamiento (-51%) y Desarrollo de la Educación Superior (-30%).
En salud, se destacan programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-73%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-13%). La única excepción positiva es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+25%).
En transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del 74% al 100%. Los mayores retrocesos se observan en Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98,5%), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-94,9%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%), Desarrollo de Obra Pública (-93,3%), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92,2%) y Rutas Seguras (-87,4%), mientras que la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios registra una caída del 74,4%.
Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran fuertes ajustes: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-93%) y a la Secretaría de Energía (-80%), mientras que Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presenta una caída del 56%.
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Por otra parte, los Servicios de Deuda Pública representan el 9% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria.
“En síntesis, la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia. La magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante”, expresaron desde el CEPA en las conclusiones de su trabajo.