Tras las tensiones en el caribe, del presidente Donald Trump con su par Nicolás Maduro, Venezuela denunció este martes que un tribunal de Estados Unidos autorizó la venta de su petrolera en ese país. Citgo, se encuentra en un proceso de remate en beneficio de sus acreedores que aún necesita autorización del gobierno estadunidense.
La filial de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) está bajo el control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington le entregara el control de la petrolera en 2019 tras desconocer al presidente Nicolás Maduro. La empresa Citgo enfrenta impagos que superan los 20 mil millones de dólares, según Estados Unidos, producto de expropiaciones del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013)y deuda emitida durante el gobierno de su sucesor Maduro.
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Así, el juez de Delaware Leonard Stark ha autorizado su subasta en varias oportunidades. La última, el sábado pasado, cuando se la adjudicó a una filial de Elliott Investment Management.
Reacción de Venezuela
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, leyó este martes un comunicado en el que «rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de ‘venta forzosa’ de la empresa Citgo». Además, dijo que «tomará todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de la petrolera respondan ante la justicia”.
«Un tribunal estadounidense decidió definitivamente robar CITGO”, la empresa petrolera venezolana asentada en Estados Unidos y filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), denunció Delcy Rodríguez.
La funcionaria expresa que la decisión judicial sobre CITGO constituye “un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento”.
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La vicepresidenta vinculó además a este movimiento a los sectores de la oposición que encabeza la Nobel de la Paz, María Corina Machado, de la venta de la empresa. “Montaron una trama fraudulenta desde el año 2019” que involucró a CITGO y derivó en su despojo», manifestó.
Tanto el Gobierno de Venezuela como PDVSA “fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso gracias al tráfico de influencia del Gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país”, afirmó.