Casi 6 millones de hectáreas se vieron afectadas en la provincia de Buenos Aires (PBA) debido a las inundaciones, lo que totalizaría US$2.000 millones que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026, según remarcó un comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
En el comunicado se detallan las hectáreas afectadas por las inundaciones según cálculos realizados sobre imágenes satelitales, tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, que visibilizan la problemática que trajo a la región centro de la provincia.
En base a esa imágenes, aproximadamente 2.000.000 de hectáreas quedaron inundadas/anegadas y casi 3.800.000 fueron afectadas. Esta segunda clasificación se define como las áreas que “no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra”.
Entre los partidos más afectados se ubica Bolívar con 169.224 hectáreas inundadas o anegadas, seguido por el municipio de 9 de Julio, con 136.797 hectáreas en total, y Pehuajó con 109.366.
Junto con los primeros tres, el resto de los municipios afectados representan más de 4.500.000 hectáreas, de las cuales más de 1.100.000 están “directamente bajo agua”. “Estos partidos vienen soportando el fenómeno desde hace tiempo. Y aún donde ‘parece seco’, como muestran claramente las imágenes satelitales, las condiciones del suelo hacen prácticamente imposible llevar adelante cualquier tarea agrícola”, detalla Carbap.
La confederación que nuclea las áreas rurales de PBA y La Pampa afirma que la ventana de siembra de soja y maíz se cierra “aceleradamente”, con la posibilidad de que una enorme superficie quede sin producir: más de 1.500.000 hectáreas agrícolas tienen un “riesgo muy alto” de quedar improductivas en lo que resta del año.
Para dimensionar la magnitud de la problemática se ejemplificó con un cálculo: suponiendo que una superficie siembra bajo una relación 60% soja/40% maíz, se ponen en juego alrededor de US$2.000 millones que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026.
“Esto impactará directamente en los productores, pero también en toda la cadena de pago que sostiene la vida económica de nuestros pueblos: contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y pymes locales. Y por supuesto, afectará también a los tres niveles del Estado, que verán caer su recaudación. La conclusión es simple, todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”, advirtió la Confederación.
Frente a esto, los productores rurales responsabilizaron a los tres niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal) y pidieron que para el 2030 se finalicen las obras del Plan Maestro del Río Salado. “No es una meta aspiracional. Es un límite. Es una obligación”.
“No se trata de un slogan ni de una expresión de deseo. Es una obligación moral, productiva y social. Estamos hablando de millones de hectáreas productivas, miles de familias rurales y millones de bonaerenses afectados directa e indirectamente”, dijeron desde CARBAP.
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“No pedimos lo imposible. No hablamos de tecnologías revolucionarias ni de colocar una misión tripulada en Marte. Se trata de canales, puentes y obras hidráulicas básicas, para las cuales Argentina cuenta con técnicos, ingenieros y maquinaria disponible. La capacidad existe; lo que falta es decisión política”.