La Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) celebró el reciente fallo del Juzgado Federal de Campana, que reconoció la acción de amparo colectivo presentada contra el Decreto 681/2025, el cual había suspendido la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Aunque la resolución no constituye la sentencia definitiva, representa un paso decisivo para garantizar la salud, la educación y la inclusión de las personas con discapacidad.
El juez a cargo del caso resolvió reconocer el derecho de las familias afiliadas a la OSPJN a reclamar, además de confirmar que el amparo tiene alcance colectivo, representando a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país. Asimismo, amplió la protección a los prestadores del sistema, incluyendo escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y transporte, y rechazó todas las excepciones del Estado Nacional que buscaban frenar el proceso. Por último, ordenó la publicación en el Boletín Oficial y la acumulación de otros amparos similares.
Desde el sector señalaron que con esta resolución, más de un millón de personas se ven directamente protegidas, como los titulares de CUD, sus familias y cuidadores, así como los prestadores del sistema de la Ley 24.901.En ese sentido, ATRAES destacó la importancia de adherir a esta presentación colectiva en defensa del derecho a la salud, la educación y la inclusión, trabajando junto a familias y organizaciones para garantizar la continuidad de los tratamientos y apoyos necesarios.
La resolución interlocutoria también fortalece la legitimidad del planteo y permite la incorporación de prestadores al proceso, consolidando la defensa de un colectivo históricamente vulnerable. Para ATRAES, este paso judicial constituye un hito en la lucha por la continuidad de los servicios y la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.
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Asimismo, el presidente de ATRAES, Pablo Bolego, remarcó que “es un gran avance, la justicia está avalando nuestro planteo”. Además, subrayó que la aplicación inmediata de la Ley 27.793 es la única vía para revertir la crisis que atraviesa el sistema: “Implementar la ley es lo único que puede salvar al sistema completamente roto y colapsado”.
Además, Bolego reafirmó la confianza en el camino institucional y la independencia judicial: “Confiamos en la justicia, como sostuvimos siempre, todo dentro de la ley. Es un colectivo muy vulnerable como para ser víctima de un ajuste salvaje”.La entidad expresó que el transporte especializado es un eslabón esencial para garantizar el acceso a la salud, la educación y la vida comunitaria de las personas con discapacidad, y continuará acompañando cada instancia judicial y política que asegure la plena vigencia de la Ley 27.793 y la protección de los derechos adquiridos.