La Policía Civil de Río de Janeiro identificó a 115 de las 121 personas fallecidas en la brutal masacre policial llevada a cabo en el marco de la llamada “Operación Contenção”, el pasado 28 de octubre, cuando las fuerzas de seguridad lanzaron un ataque contra la organización criminal Comando Vermelho.
En el informe, elaborado por la Defensoría General del Pueblo del Estado de Río de Janeiro y difundido por las fuerzas de seguridad que llevaron adelante la operación, se informó que 97 de los fallecidos tenían “antecedentes penales significativos”, y 59 tenían “órdenes de arresto pendientes”.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos salen al cruce de estas informaciones y continúan denunciando como una masacre a lo ocurrido el martes pasado en los complejos do Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro.
En el comunicado oficial de las fuerzas de seguridad, además, se reconoce que 17 de las personas asesinadas “no tenían antecedentes penales”, aunque aclaran, sin embargo, que según investigaciones posteriores, “12 mostraron evidencia de participación en el tráfico de personas en sus redes sociales”.
La lista cataloga a los fallecidos como “neutralizados” e indica que 62 de ellos son de otros estados: “19 de Pará, 9 de Amazonas, 12 de Bahía, 4 de Ceará, 2 de Paraíba, 1 de Maranhão, 9 de Goiás, 1 de Mato Grosso, 3 de Espírito Santo, 1 de São Paulo y 1 del Distrito Federal”.
Un informe policial indica que en Río de Janeiro hay “líderes de organizaciones criminales de 11 estados de la Federación, de cuatro de las cinco regiones del país”.
Sin embargo, el principal objetivo de la operación, Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, líder del Comando Vermelho (CV), sigue prófugo seis días después del operativo policial.
Ninguna de las personas fallecidas había sido reportada al Departamento de Justicia por la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro.
El Colegio de Abogados de Río de Janeiro creó un observatorio para monitorear la investigación sobre la aplicación de la ley por parte de la Policía Civil y Militar durante la Operación Contención.
El ministro Alexandre de Moraes , del Supremo Tribunal Federal ( STF ), ordenó el domingo al gobierno de Río de Janeiro que preservara “todos los elementos materiales” relacionados con el operativo policial en las comunidades de Penha y Alemão, “tales como informes periciales y cadenas de custodia respectivas” , que garantizan la autenticidad y validez de la evidencia.
El objetivo es permitir “el ejercicio del control y la investigación” de las actuaciones policiales por parte del Ministerio Público, y debe garantizarse el acceso a esta información a la Defensoría del Pueblo del Estado de Río de Janeiro , escribió el magistrado, según Globo.com.
Moraes, relator de la ADPF de las Favelas —un proceso en el que la Corte Suprema estableció condiciones para las operaciones policiales en las favelas de Río— accedió a una solicitud de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) realizada el jueves.
La agencia solicitó la “preservación íntegra de todas las pruebas periciales y la respectiva cadena de custodia, garantizando a la Defensoría Pública Federal la posibilidad de realizar un examen pericial contrario”, dado que a la Defensoría Pública de Río de Janeiro se le había impedido asistir en persona a los exámenes de los cuerpos.
