El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se movilizó a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Dragones 2200, CABA) donde personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y prestadores en general se concentraron para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el aumento de aranceles y el pago de las compensaciones atrasadas que la normativa establece.
El coordinador del Foro, Pablo Molero, intentó entregar una nota dirigida al interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, en la que se detallaron los reclamos del colectivo. Sin embargo, se negaron a recibirla. En ese momento Molero llamó por teléfono a Vilches, quien le dijo que no la recibía porque “no trabaja bajo presión”.
El jueves 16 de octubre, Vilches había convocado a una reunión del Directorio que luego suspendió invocando “fuerza mayor”. Esto fue «una muestra más de la «dilación, el desinterés y el abandono», sostuvieron «sobre un sector que atraviesa una profunda crisis».
Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, cuestionó la falta de ejecución presupuestaria: “La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, expresó ante los medios.
Tras el encuentro con Vilches, Molero expresó: “No tenemos buenas noticias. Vilches nos comunicó que está pensando si habrá o no reunión de Directorio la próxima semana; dijo que trabajará para ello, pero que seguramente será después de las elecciones». «La plata está. Hacernos esperar hasta después de las elecciones es una extorsión inaceptable, de la que no seremos parte».
«No confirmó aumentos, y tampoco quiso recibir la nota, argumentando que no le parecía adecuado hacerlo en estas circunstancias. Él mismo reconoció haber levantado la reunión y rechazado el documento», afirmó Molero, en rueda de prensa de la que participó Conclusion.
De todos maneras, a pesar de lo acontecido el jueves se mantuvieron firmes con la convocatoria y la mañana del viernes, centenares de personas se hicieron presentes frente a la Agencia. En ese contexto, el coordinador del Foro intentó entregar el petitorio al recientemente designado interventor —quien asumió el cargo tras la destitución de Diego Spagnuolo, acusado de presunta malversación de fondos—, pero el personal de seguridad le negó el acceso, impidiendo la entrega del documento.
Ante esa situación, el Foro entiende que hay que pensar que «esta negativa constituye una clara violación al derecho constitucional de peticionar a las autoridades, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) y los principios de transparencia y participación ciudadana que rigen el accionar de la administración pública».
Pasa que «todos los organismos del Estado tienen la obligación de recibir notas, reclamos y presentaciones de la ciudadanía o de sus organizaciones representativas», explicaron.
Tras lo ocurrido «se realizó una asamblea pública» en la que distintos actores expresaron su preocupación y propusieron «nuevas medidas de lucha frente al abandono total del Gobierno Nacional», la idea fue que se realizara «de manera pacífica, sin incidentes ni infiltrados», fue así que «la gran mayoría de los presentes ingresaron al edificio de la ANDIS para hacer oír un reclamo legítimo y justo: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y trabajen para la ciudadanía».
Finalmente, Vilches —que se encontraba dentro del organismo— recibió a los representantes de los prestadores ante el Directorio, el Prof. Daniel Lipani (titular) y el Pbro. Pablo Molero (suplente), y la reunión se extendió durante aproximadamente una hora.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos mantenemos en estado de alerta, en diálogo permanente con nuestras organizaciones miembro, para evaluar los próximos pasos y acompañar las decisiones que tomen los prestadores y trabajadores del sector, en defensa de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El colectivo de la discapacidad se mantiene firme, con convicciones, dispuesto a seguir luchando contra la corrupción, la inoperancia y el abandono.