ATE Rosario exigió el cierre de la causa judicial que involucra a cinco trabajadores detenidos durante un violento allanamiento policial el 16 de octubre de 2024. El gremio recordó que ese día la policía irrumpió en los domicilios de los trabajadores para arrestarlos por su participación en una protesta contra la reforma previsional impulsada por el entonces gobernador Maximiliano Pullaro.
Además, señalaron que los operativos fueron realizados con “violencia inusitada” y que los detenidos, Román González, Franco Casasola, Diego del Castillo, Maximiliano Molina y Daniel Vázquez, fueron incomunicados y sometidos a un trato represivo sin precedentes.
Cabe recordar que el 12 de septiembre del año pasado, frente a la Legislatura de Santa Fe, se había realizado una importante movilización gremial que terminó en represión, al intentar algunas personas acceder al edificio público. Ese día, los diputados sesionaron “a los apuros” y votaron una reforma previsional que recortó derechos conquistados en años de lucha, señaló el gremio ATE Rosario.
Durante los allanamientos, además de romper puertas, la policía secuestró volantes con la inscripción «son 30.000», fichas de afiliación a AMSAFE Rosario, pecheras y otros objetos, los cuales fueron considerados como “pruebas contundentes”. La persecución gremial fue manifiesta, expresó el gremio.
ATE Rosario denunció que “los compañeros” fueron tratados en todo momento como “presos de alta peligrosidad” y llevados al penal de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.
Sin embargo, una masiva movilización unitaria hacia Plaza San Martín el mismo día de la detención, junto con el paro convocado para el día siguiente por AMSAFE Rosario, ATE Rosario y Aceiteros, logró la liberación de los compañeros a primeras horas del mediodía del 17 de octubre.
Además, es importante destacar el invalorable apoyo de Norma Ríos, como Presidenta Honoraria de la APDH, y el trabajo de las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Celina Tidono, miembro del Ceprodh, quienes fueron fundamentales en la defensa de los detenidos.
Por lo pronto, desde ATE puntualizaron que, a pesar de las fuertes presiones políticas, la denuncia fue presentada por Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, y avalada por el poder político provincial, mientras que «la causa no ha avanzado en nada durante este año».
Finalmente, el gremio sostuvo que «volvemos a denunciar que lo que enfrentamos es un nuevo intento por criminalizar la protesta social frente a las brutales políticas de ajuste. Llamamos a la más amplia unidad para defender el derecho a la protesta. Exigimos el inmediato cierre de las causas contra nuestros compañeros».