Verdaderamente impagables. Así se podría calificar a los aumentos desorbitantes de tarifas que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aplicó a personas que tenían subsidos, la mayoría residente en barrios populares, los cuales se ven severamente perjudicados por este ajuste desproporcionado, que impacta en los bolsillos y dificulta seriamente poder abonar el servicio.
En ese sentido, se incrementan los reclamos de consumidores el último tiempo por esta problemática, con facturas que quintuplicaron su valor original. A su vez, denuncian que desde la companía provincial no atienden los reclamos.
Al respecto, para profundizar más sobre el tema, en diálogo con Conclusión, Silvana Teisa, Secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor, comentó que «identificamos dos cuestiones: por un lado, la quita de tarifa social o lo que en su momento fue una inclusión para los usuarios con la colocación de medidores comunitarios, que son medidores que no tienen lectura de consumo, tenían una tarifa plana entre los $17.000-$20.000 y ahora se encuentran con facturas superiores a $200.000″.
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«Ahí es donde identificamos que es por la quita de esta tarifa, pero lo que nos llama la atención es de dónde sale la medición de ese consumo, porque son medidores que no cuentan con lectura. Entonces ahí es donde nosotros pedimos explicación a la EPE, no solamente para nosotros, sino sobre todo para el usuario, que es el que tiene que abonar la factura», agregó.
«Y por otro lado, en las tarifas para jubilados, pensionados o electrodependientes, estamos identificando que, sí desde la Secretaría de Energía de Nación pasaron de ser nivel bajo a nivel medio, la EPE también tomó la determinación de quitar lo que es la tarifa para jubilados y pensionados», informó, dando cuenta del peso de los tarifazos también sobre los adultos mayores.
«Una vez que ya le sacaron la tarifa, no vuelven a otorgársela. Cuando esta persona, para generar esa tarifa, hizo un trámite a donde presentó determinada documentación, entonces me parece que ahí se debe alguna explicación», indicó.
«En ese sentido, hemos solicitado de manera formal a la EPE una reunión, de lo cual todavía no hemos recibido respuestas, solo un número de expedientes y que se iba a derivar al área correspondiente. Entonces, comenzamos a trabajar en conjunto con la concejal Fernanda Siriani, que ha hecho una presentación de expedientes al respecto en el Concejo Municipal», mencionó respecto a gestiones hechas desde el ente municipal.
«Por otro lado, desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, el diputado Miguel Rabbia junto a la diputada Lucila de Ponti han hecho un pedido de informes para despejar todo esto del quite de tarifas sociales, que entendemos es un número muy importante y las personas se están dando cuenta cuando pasan de una factura de $17.000-$20.000 a quintuplica o ese valor, haciéndola inaccesible», resaltó.
«Este programa se llamaba Luz Segura hace varios años, justamente fue creado para que en barrios populares, que no tenían acceso de manera formal a la energía eléctrica, se los incluya en el sistema, que sea más seguro, que tengan voluntad de pago y compromiso, por supuesto. Esta medida no hace más que expulsarlos del sistema, porque son facturas realmente impagables para ellos», recordó.
Consultada sobre la cantidad de personas damnificadas por la disposición, dijo: «Tenemos números extraoficiales que no me animo a relevar, porque entiendo que debería ser una irresponsabilidad de mi parte si lo hago, pero supera ampliamente las 10.000 tarifas».
«Nosotros estamos a disposición en la Oficina Municipal del Consumidor en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16. En lo que podamos al menos identificar cuál es el problema, van a contar con nosotros», cerró.