Un informe del Grupo Atenas alertó que desde diciembre de 2023 hasta junio de este año cerraron 16.322 empresas —un promedio de 28 por día— y se perdieron 236.139 empleos registrados.
Esta última cifra, según los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, supera la destrucción productiva observada incluso durante la pandemia.
El estudio califica la situación como una «glaciación productiva», un proceso de enfriamiento estructural de la actividad que erosiona la base empresarial, debilita el Estado y torna insostenible el modelo vigente.
Sectores como la construcción e industria manufacturera emergen como los más golpeados: la obra pública se paraliza, la inversión privada retrocede y la capacidad instalada industrial se ubica en niveles mínimos.
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El documento advierte que el recorte del gasto primario —equivalente a cerca del 4% del PIB, o unos 24 mil millones de dólares—, concentrado en salarios públicos, transferencias sociales y obra pública, tuvo un efecto multiplicador negativo en toda la economía.
Además, se resalta que empresas de distintos tamaños y regiones están recurriendo a cierres totales, despidos parciales o reducción de plantillas como mecanismos de supervivencia ante la caída sostenida de ventas y rentabilidad.
El monitor territorial del Grupo Atenas examinó 100 casos representativos y constató que más del 50% de las pymes encuestadas cerraron o suspendieron personal, mientras las empresas medianas recurrieron a despidos parciales y las grandes redujeron su fuerza laboral para sostenerse.
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Las causas coinciden: caída de la demanda, falta de financiamiento, apertura importadora y ausencia de políticas industriales que promuevan la sustentabilidad productiva.
El derrumbe afecta con mayor fuerza a las provincias donde la industria local es pieza clave del empleo regional: AMBA, Córdoba y Santa Fe encabezan los cierres, seguidos por Cuyo, NEA y NOA, donde la contracción del consumo y la paralización de la obra pública se sienten con especial intensidad.