Tras el emplazamiento, las comisiones de Asuntos Constitucionales junto a la de Peticiones, Poderes y Reglamento pasaron a la firma el dictamen del proyecto en revisión que modifica la Ley 26.122 de los marcos normativos de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Por su lado, los miembros de La Libertad Avanza en la Comisión, presentaron un dictamen de minoría y los dos miembros de la Coalición Cívica presentes en el plenario, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, presentaron un tercer despacho que modifica los plazos de tratamiento a los decretos de necesidad y urgencia.
Tras la rúbrica de los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, argumentó el rechazo de La Libertad Avanza a la iniciativa: “Más allá de las buenas intenciones de algunos legisladores, siguen la misma línea de lo que viene haciendo el Congreso que es buscar hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei”.
En la misma línea, no ahorró críticas contra el interbloque de Unión por la Patria: “Ahora que son oposición quieren modificar la ley que es lo inverso a lo anterior que es controlar desde el Congreso”. “Esta ley es un alzamiento contra la Constitución Nacional”, afirmo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
El jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó la sanción de la Ley 26.122 en 2006 y la llamó “anomalía inconstitucional”. Consideró, además, que es el Congreso de la Nación quien debe atender “la evaluación y el criterio de necesidad y urgencia”. Terminó su intervención anunciando su acompañamiento, pero en disidencia con los plazos.
Por el interbloque Encuentro Federal, el diputado socialista Esteban Paulón lamentó no haber llegado al consenso en 2024 para avanzar con el proyecto, pero dejó en claro su posición: “En una república sana nunca se puede legislar por decreto”.
Respecto a este dictamen, explicó que “nos toca discutir, pensar y elaborar un mecanismo lo más restrictivo posible y no permisivo”, y agregó una serie de críticas contra los últimos poderes ejecutivos: “Lamentablemente se hizo una costumbre, una doctrina y en algunos gobiernos un verdadero despropósito”.
Asimismo, el santafesino aportó que el historial de esta ley (así como ha funcionado estos 19 años) “nos deje una enseñanza central: las instituciones deben ser permanentes pensadas a largo plazo”. Sobre esta modificación, señaló que “quizá no sea la reforma perfecta, pero al menos expresa un consenso mayoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados”.
Por último, auguró: “Hay que volver al equilibrio de poderes y hay que volver a un diálogo sano entre los poderes ejecutivos y legislativos”.
La reforma
El primer punto a destacar del proyecto dictaminado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. En buen romance contradice los sucedido con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes.
El segundo plantea que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos.
Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.
Por otra parte, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial.
Además, se estableció que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.