Las indemnizaciones a familiares de las siete personas de la localidad bonaerense de Avellaneda que murieron producto del derrame de ácido tóxico en las cloacas en septiembre de 1993 fueron confirmadas después de más de tres décadas.
Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias firmaron la sentencia que dictamina las indemnizaciones para los parientes de los fallecidos tras encontrar responsables al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Avellaneda, Aguas Argentinas y particulares.
El caso sucedió el 27 de septiembre de 1993 en una vivienda de la calle 25 de Mayo 319, en dicha localidad, cuando cuatro familiares y tres emergentólogos murieron de forma inmediata producto de la inhalación del ácido que salió de la rejilla. Los miembros de la familia murieron primero, los profesionales de la salud –una médica, un enfermero y un camillero-, cuando fueron a socorrerlos.
A más de 30 años del hecho, la Cámara Federal de La Plata confirmó la indemnización a familiares de una de las víctimas, dando a conocer el porcentaje de responsabilidad de cada uno de los organismos.
Acido mortal en Avellaneda: todos los responsables
Desde el portal «Justicia de Primera», destacaron que «el 30% de la responsabilidad corresponde a la Municipalidad de Avellaneda por haber incumplido su deber de policía al no controlar adecuadamente los locales cuya habilitación había promovido la Provincia».
Mientras que se adjudicó un 15% al Estado Nacional y otro 15% a la provincia de Buenos Aires por su inacción. Acerca de Aguas Argentinas deberá responder por el 5% restante, ya que “resultaba razonable exigirle prever un sistema que alerte sobre la existencia de materiales o gases tóxicos en la red cloacal”.
Según determinó la Justicia, la empresa Transporte García S.R.L. y un establecimiento dirigido por otro acusado, Manuel Sánchez, vertieron las sustancias tóxicas a la red cloacal y generaron un ácido cianhídrico en concentraciones letales.
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Aquel día, Manuel Guim y su esposa María Ángela llamaron desde su casa a su hijo Horacio porque se sentían mal. Fue allí cuando el hombre arribó junto con su esposa Rosa para asistirlos y allí comenzó el horror. Ambos llamaron al servicio de emergencias y al domicilio llegaron la médica Viviana Otero, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Voytezko.
Sin embargo, todos fallecieron dentro de la casa. Sus cuerpos fueron encontrados en distintas partes como, por ejemplo, el patio interno, el living y la cocina.
Por este caso, todos los 27 de septiembre se conmemora en la Argentina el «Día de la Conciencia Ambiental». La tragedia de Avellaneda no fue un episodio aislado, sino un síntoma grave de la desconexión entre sociedad, ambiente y Estado. Lo que ocurrió ese día expuso no solo la peligrosidad de ciertas sustancias químicas, sino también la fragilidad de los sistemas de control ambiental en nuestro país.
La creación del Día Nacional de la Conciencia Ambiental buscó que no se repita lo que ya es irreparable. Pero, a más de tres décadas, la justicia ambiental sigue llegando tarde, cuando las víctimas ya son nombres en una placa.
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El caso mostró con crudeza cómo empresas con habilitaciones precarias operaron sin control, bajo la mirada pasiva de autoridades que no actuaron. El ácido cianhídrico no apareció de la nada: fue el resultado directo de esa negligencia acumulada, hasta volverse letal.
Hoy, una sentencia intenta reparar, al menos en parte, el daño causado. Pero deja una advertencia clara: sin prevención, sin fiscalización y sin una política ambiental firme, el riesgo sigue ahí, invisible, como ese gas, esperando otra oportunidad.