La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados debatió este jueves -a través de distintos paneles- sobre proyectos de ley y propuestas de interés que buscan mejorar la situación del sector.
Desde la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires Limitada (Fedecoba), Ariel Guarco, aseguró que “el cooperativismo es una voz común que puede generar diálogo y consenso” y, en esa línea, remarcó: “Necesitamos leyes que promuevan un mayor desarrollo del sector”.
En tanto, desde la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa (Faess), Pablo Rodofilli, expuso la iniciativa que impulsan y explicó que, la misma, está orientada a “la incorporación de la atención primaria de salud”, al enfatizar en la importancia de “las posibilidades de acceso a la cobertura de salud”.
Por su lado, el vicepresidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, Dante Cracogna, objeto que el proyecto de ley en debate «tiene como objetivo la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Interesa destacar que la ley en su artículo segundo le encarga a la autoridad de aplicación definir cuáles son estas pymes en el país. Y lo hace en base a tres parámetros, que son el número de empleados, el volumen de ventas y el volumen de capital aportado para la actividad productiva. Vale decir que son tres parámetros de carácter objetivo».
«Adicionalmente, autoriza que pudieran tomarse en cuenta también aspectos sectoriales o regionales para esta definición. Pero en ningún caso el legislador ha señalado aspectos subjetivos que caractericen a las pymes. Vale decir que esto es irrelevante para la definición de pyme. La PYME se define por su dimensión, la propia denominación así lo indica. Es la magnitud de la empresa lo que se toma en cuenta y no la titularidad de quien desempeña la conducción o tenga la propiedad de esa empresa».
Para el especialista, la fundamentación de esta propuesta, es que la autoridad de aplicación ha estableció que las empresas «que califiquen para ser consideradas pymes deben tener finalidad lucrativa. Y esto es una intromisión de la autoridad de aplicación que excede los limites establecidos por el legislador. Vale decir que la autoridad de aplicación, ha introducido un elemento de discriminación dentro de este universo de las pequeñas y medianas empresas en función de una valoración de carácter subjetivo acerca de cuál sea la motivación de la empresa, restringiendo la consideración de Pyme exclusivamente a aquellas que tengan finalidad lucrativa. Obviamente, esto excluye a las cooperativas, que por definición son entidades no lucrativas».
Luego, Manuel Leiva, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC), se refirió a la modificación en los límites de créditos para las cooperativas, al señalar que “son menores que el de las empresas del mismo tamaño». “Las cooperativas también generamos inclusión y empleo”, argumentó.
También desde esta entidad, Leandro Monk solicitó que se vuelva a «definir el mínimo de asociados posibles a una cooperativa en el número de tres» ya que a través de una resolución del Gobierno en 2024 se regresó a seis. «Si son tres no podes ser una cooperativa, pero sí podés tener tres empleados sin relación de dependencia como colaboradores, en una suerte de tercerización laboral, cuando las cooperativas somos inclusión laboral, formalidad».
A su turno, Verónica San Martín, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), se refirió a «un proyecto para terminar con el trato arbitrario que sufren las cooperativas cuando pagan Ganancias». Recordó que las cooperativas están «exentas del impuesto», sin embargo, por medio de una resolución, se implementó un trámite para obtener la exención.
«ARCA pide determinada documentación y procedimientos por los cuales se cae y hay que volver a iniciarla», señaló y reclamó que esto «además de no corresponder, le produce un gran perjuicio a la cooperativa». Por eso, pidió que «la exención sea por el simple hecho de tener la personería vigente».
El representante de Unicoop, Carlos Mansilla expresó: «Nuestras cooperativas pagamos, AFIP, a ARCA,y de ahí, la Nación distribuye una parte a las provincias y una parte al Inaes -nuestro organismo de promoción y fomento cooperativo que amamos, que queremos- que funciona con representantes del movimiento cooperativo y mutual, pero cuando ahora vamos a pedirle algunos recursos, está como con las manos atadas».
«Esperamos que en el presupuesto que va a llegar este año, cuál ha sido la recaudación del año 2024, cuál del año 25 y cuál del año 26. De 2024 hay cerca de 30.000 millones de pesos que han quedado ahí, sin enviarlos al Inaes. Y en el año 2025 los números no los tenemos, pero ustedes los tienen o los pueden conseguir, son cerca de 60.000 millones de pesos, que también tienen un destino específico», pero «están guardados».
Mansilla aclaró que esos fondos, existen y «no se están malversando, pero están ahí. Hemos estado en la Auditoría General de la Nación y allí nos informan que efectivamente esto hace así, que no es la primera vez que ocurre, tampoco, acá venimos a decirnos las verdades»
Valeria Fernández Soler, asesora de la senadora nacional Nora del Valle Giménez, se refirió a una iniciativa que la próxima semana será tratada en la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMEs del Senado, la cual busca modificar un artículo de la Ley 20.337 respecto a las limitaciones para integrar el consejo de administración de las cooperativas.
«Además de pensar en la macro, la clase política debe pensar en las herramientas que están basadas en el individuo, en la persona y eso es el cooperativismo», sostuvo y resaltó que «las PyMEs y el sector cooperativo están siendo atacados ferozmente por apertura de importaciones. Las cooperativas están luchando por vivir. Por eso, necesitamos fortalecer el sistema cooperativo».
En el cierre, el presidente de la comisión, el diputado Eduardo Toniolli (UP), destacó que “las cooperativas trabajan, generan trabajo y brindan servicio”.
Por su parte, César Basañes, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), pidió “fortalecer la organización de las cooperativas del consumo».
En la jornada también expusieron, Luis Bavestrello (FACC Crédito), Bruno Comelatto (Fedecaba-TES), Victoria Noriega Sánchez y Roberto Casal (Fesubgas); Diego Yanez (Fecescor), Rodolfo Tolosa (Fedetur), Ángel Echarren (Fedecoba), Gustavo Sosa (Untref), Melina Merkier, educadora y divulgadora; Mariel Boggiero (FAESS) y Eduardo Canedi (Celsi).