Este martes, comienzan las audiencias preliminares contra el dirigente piquetero, Ramon Alberto «Tito» Lopez y su familia, acusados por los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y presunto lavado de activos.
Por disposición del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, la audiencia iniciará a las 10 y tendrá, por primera vez, a López y su familia frente a la Justicia para dar explicaciones del exponencial crecimiento de su patrimonio.
El líder piquetero su esposa, Librada Romero y sus hijos David, Daniel y Walter, se encuentran detenidos en diferentes unidades penitenciarias en las provincias de Formosa, Santiago del Estero y en las ciudades de Fontana, Sáenz Peña y Resistencia. La nuera de «Tito» Lopez, Débora Acosta, por su parte, continúa en libertad, a cargo del cuidado de su hija, una menor de edad.
La acusación da cuenta de que tanto Lopez como su familia pusieron «en circulación en el mercado- a través de diversas maniobras – fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial entre otras actividades ilícitas concretadas en el marco de una asociación ilícita, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos, situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados, quienes conformaron de manera organizada un grupo económico con fines ilícitos que actuó de manera coordinada y sostenida en el tiempo».
Asimismo, se detalla que las maniobras delictivas se dividieron en dos etapas. En una primera instancia, se congenió el desvío de fondos estatales, con destino a fundaciones y personas jurídicas relacionadas con López, dinero que habría sido retirado en su totalidad «por parte de integrantes del grupo familiar que además de conformar las fundaciones detentaban la titularidad de cuentas y por tanto la disponibilidad material del dinero», detalla el requerimiento de elevación a juicio.
En esa misma línea, el documento devela negocios con tierras fiscales con «ventas simuladas de miles de hectareas de campo que constituian tierras fiscales del estado provincial, a traves de los contratos de leasing celebrados con los hermanos BRUA, habrían generado un amplio margen de ganancia ilícita posiblemente percibida en efectivo y en negro».
La segunda etapa habría implicado el ingreso del dinero ilegal al mercado formal. Con ese panorama, los involucrados habrían adquirido múltiples inmuebles urbanos y rurales, vehículos, maquinaria agrícola, ganado, divisas extranjeras, mejoras edilicias y un negocio ganadero, todo con «ganancias espurias obtenidas en el caso en dinero en efectivo».
Fuente: diariochaco.com