El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que el Gobierno haya tenido participación en la filtración de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según el funcionario, el episodio responde a una «operación política» coordinada por sectores opositores, destinada a debilitar al oficialismo en medio de la campaña para las elecciones de septiembre y octubre.
La controversia se originó tras la difusión de grabaciones que supuestamente muestran conversaciones privadas en la Casa Rosada. Uno de los audios se atribuye a Karina Milei, en el que la funcionaria asegura que «tenemos que estar unidos» y detalla su jornada laboral de más de quince horas diarias, información que el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó como «un escándalo sin precedentes».
Francos afirmó: «Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto». Además, cuestionó a quienes hablaron de una «operación interna» dentro del Ejecutivo y aseguró que sus acusaciones “no tienen pies ni cabeza”, citando entre ellas los señalamientos de la diputada Marcela Pagano.
El jefe de Gabinete admitió que, si los audios se originaron dentro de la Casa Rosada, se trataría de un hecho «grave» y «sin precedente». Además, destacó que la investigación quedará a cargo de la Justicia y de los servicios de inteligencia, y aseguró que tanto funcionarios como visitantes podrían ser responsables si se confirma que el material provino de oficinas oficiales.
Asimismo, el funcionario vinculó el episodio con un clima de violencia política en distintas provincias, incluyendo episodios recientes en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes. Para Francos, estos hechos reflejan la «intransigencia» de algunos sectores para aceptar el debate democrático.
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Además, advirtió sobre la secuencia de hechos que rodearon la aparición de los audios. Según enumeró, primero se difundieron grabaciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); luego, ocurrió la mención en el Congreso del diputado peronista Leandro Santoro; y casi simultáneamente, José Manuel Ubeira, cercano a Cristina Kirchner, presentó la denuncia judicial.
En este sentido, el funcionario señaló que los tiempos de la filtración evidencian que todo fue premeditado. «En menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo», afirmó.