Tras el tratamiento de la emergencia pediátrica en la Cámara alta, el segundo round también se lo aseguró la oposición al obtener mayoría para el dictamen de financiamiento universitario, Si bien la voluntad del kirchnerismo que se trate en el recinto este mismo jueves, por ahora no estan garantizados los votos que necesita de otros bloques y así reunir los dos tercios para habilitar su tratamiento.
Antes de que finalizara la reunión conjunta de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans dijo: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar, y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”, diseccionando sus palabras al líder de la bancada radical Eduardo Vischi, para convencerlo.
Eduardo «Wado» de Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, subrayó particularmente que la media sanción que obtuvo la ley en Diputados surgió de una propuesta que «fue iniciada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), el frente estudiantil y el frente sindical. Es una propuesta que el Congreso recibe del ecosistema universitario».
Entre otras cosas, De Pedro, explicó que la norma tiene como objeto «una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema», pero además «garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento» de las altas casas de estudios. En su desarrollo, también destacó que a diferencia de la ley vetada el año pasado, ésta «tiene algunas características nuevas» ya que «incorpora la obligación de volver a utilizar la paritaria nacional».
El legislador también dimensionó el alcance de la ley al señalar que hay «137 instituciones universitarias y 54 universidades nacionales» a las que asisten «más de 2 millones de jóvenes» y en las que dan clases «más de 220 mil docentes«.
Para luego subrayar que «el 85% del financiamiento» previsto en la ley «va a ir al salario». Y dijo que lo aclaraba porque «después vemos en los medios prejuicios instalados y campañas sucias», ya que la finalidad es que «los docentes no estén por debajo de la línea de pobreza».
El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, criticó duramente al presidente por su manejo económico, acusándolo de ignorante, de decir mentiras y repudió las amenazas al Congreso. Además, denuncio la destrucción del patrimonio nacional y la falta de respuesta a problemas cruciales como la salud y la educación.
A su turno, Martín Lousteau manifestó que «el tema vuelve porque no se soluciona» aunque el Gobierno persista en negarlo. En relación al salario docente universitario indicó que «está 30% por debajo de noviembre de 2023», mientras que «las transferencias a las universidades están casi 30% por debajo» de lo que eran en esa misma fecha.
El proyecto
La iniciativa tiene por objeto «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina».
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC «en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas». Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.
En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.
«Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega el articulado.
Además, exige que el PEN convoque «con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC».
Entre otros puntos, también contempla la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en 2025 para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.
Además, se consigna que la Auditoría General de la Nación «realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control».
El proyecto de financiamiento universitario recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.