En el Congreso avanzan proyectos de ley que proponen cambios en la forma en que se distribuyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del Impuesto a los Combustibles (ICL) entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Un informe del economista Nadín Argañaraz, elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y ARCA, detalla el posible impacto fiscal y monetario que tendrían estas iniciativas, tomando como referencia el año 2025.
Los proyectos de reparto de ATN e impuestos a los combustibles que impulsan los gobernadores es entre el bajo porcentaje del 0,1% y 0,2% del Procucto Bruto Interno (PBI), de acuerdo a estimaciones privadas. A la propuesta de distribución automática de los ATN según coparticipación, aprobada con dictamen de mayoría, se le sumó una propuesta con dictamen de minoría.
Esta consiste en repartir, en base al criterio coparticipable, los fondos que hayan quedado sin distribuir a fin de cada año. “Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible”, lo cual un 75% sería distribuido por coparticipación, según precisó el trabajo de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Si se proyecta el impacto para todo 2025, la propuesta de mayoría significaría un incremento de recursos para las provincias equivalente al 0,04% del PBI, mientras que la de minoría representaría un aumento del 0,03% del PBI.
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En términos monetarios, la simulación realizada muestra que bajo el proyecto de mayoría, el total que recibirían provincias y Ciudad autónoma de Buenos Aires, ascendería a $370.188 millones, mientras que con el dictamen de minoría ese monto sería de $277.641 millones. En ambos casos, los recursos que dejarían de ir a la Nación serían proporcionales a esos incrementos.
De acuerdo a la evaluación de Nadin Argañaraz, se supone que la recaudación del impuesto a los combustibles de este año sería de $ 4.800.000 millones. La propuesta con mayoría implica incrementar la participación directa de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, manteniendo inalterada la participación directa de la ANSES y bajando la del Tesoro Nacional.
En cambio, la propuesta de minoría implica incrementar la participación de provincias y Buenos Aires al 42%. “En síntesis, la propuesta de dictamen de mayoría implica recursos extras a las provincias por $1.580.000 millones y la propuesta de minoría por $814.000 millones”, indicó Iaraf.
De esta forma, en términos del PBI, el impacto fiscal del de mayoría sería de 0,18% del PBI y el de minoría de 0,1% del PBI. Se entiende por impacto fiscal el excedente que iría a provincias y que dejaría de ir al Tesoro Nacional.