Cristina Fernández de Kirchner, pidió este martes a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo. Dado que, este miércoles 13 se cumple el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 le impuso a los nueve imputados en la causa Vialidad para que, en forma solidaria, paguen un total de u$s537 millones como parte de la condena por defraudación al Estado.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron una respuesta a la intimación por un lado y la apelación de la redeterminación de la cifra final realizada por el Tribunal. Además, reclamaron que el caso lo trate el fuero civil y comercial. Horas antes de ejecutarse el decomiso, la defensa de la exmandataria presentó un escrito en el que afirma que no tiene el dinero suficiente para hacer frente a los $684.000 millones y refutó el cálculo de la actualización del mismo por Índice de Precios al Consumo (IPC).
Te puede interesar:
Causa Lázaro Báez: la Justicia ordenó el decomiso de bienes por 54 millones de dólares
En una intimación firmada por el juez de ejecución Jorge Gorini, se le daba a los imputados diez días hábiles de tiempo para pagar o, de lo contrario, se le ejecutarán los bienes. Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
«Todo absolutamente legítimo»
En uno de los escritos, Fernández sostiene que no tiene bienes que sean instrumentos, producto o provecho del delito y que toda su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores con sentencias firme. Por ese motivo, para la defensa, el decomiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”.
Para Cristina, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no determinaron fehacientemente qué bienes habrían sido producto de la defraudación al Estado que ellos dieron por probada, por lo tanto, no podrían ejecutarle bienes obtenidos de manera lícita. En esa misma línea, afirma que podría afectarse con la medida a terceros. En concreto, a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, “legítimos propietarios por herencia” en forma previa a la condena.
Al cuestionar el índice de actualización, la expresidenta solicitó que se declare la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar el dinero. Y señaló que, “dada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto”, corresponde “que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas”. Es decir que, en la práctica, la expresidenta no depositará ni un centavo.
En la sentencia de primera instancia del año 2022 el monto total del decomiso había sido fijado en $84.835 millones, aunque fue declarado provisorio y sujeto a una actualización posterior por un cuerpo de peritos. Lo que argumenta la defensa de CFK es que la cifra final se fijó sin abrir el debate y sin que las partes pudieran discutir la metodología del cálculo.
Los defensores de la expresidenta reclaman que se incorpore prueba documental sobre los bienes de la expresidenta; que se declare la incompetencia del tribunal y se remita el caso al fuero civil; que se convoque a Florencia y Máximo Kirchner al proceso para que puedan ejercer su defensa y que se suspenda la ejecución prevista para mañana.