Por Silvina García Larraburu
La reciente decisión del Gobierno nacional, por medio de la cual se permite el ingreso de peras frescas desde China, golpea de lleno el entramado productivo de la tradicional fruticultura del Alto Valle rionegrino, y expone una vez más, la alarmante desconexión que existe entre los centros de toma de decisiones y la realidad que atraviesan las economías regionales.
La importación de un cargamento de 17,5 toneladas de peras chinas no es más que una de las tantas medidas que se conjugan y dan forma a una batería de decisiones improvisadas. En este caso, implementadas desde el Ministerio de Economía por Luis Caputo, y desde la usina ideológica libertaria por Federico Sturzzeneger, el Ministro de Desregulación y Modernización del Estado.
La producción de peras en nuestra región no es una simple estadística: es el sustento de cientos de familias, el reflejo del esfuerzo, historia e identidad. Es una economía intensiva en trabajo humano (cerca del 55% de los costos corresponde a la mano de obra) , que da empleo directo e indirecto a comunidades enteras. Sin embargo, en vez de protegerla, el gobierno nacional elige abrir nuestras góndolas a productos importados que compiten en condiciones absolutamente desiguales.
La importancia de preservar una actividad tradicional – como lo es la fruticultura – se conjuga con un contexto económico desincentivador para los productores. Al respecto, la presión impositiva asfixiante, el valor impagable de las tarifas, el impacto del empaque en los costos, la cosecha y demás, son algunos aspectos que resultan perjudiciales para el productor. En este marco es que resulta oportuno cuestionarnos si en verdad existe una lógica de desarrollo y fortalecimiento nacional detrás de esta decisión de importar peras, o, si como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, no es más que una decisión política que favorece intereses ajenos en detrimento del trabajo y la producción nacional.
Permitir la entrada de peras chinas sin exigir un trato equitativo para nuestros exportadores es abrir la puerta a una competencia desleal. Los subsidios chinos y las condiciones fitosanitarias exigidas, erosionan la producción local y conllevan el riesgo inminente de desplazar las peras nacionales de las góndolas.
No es esta la senda a transitar si se quiere construir un país federal. El Estado debe contraer un compromiso real con los productores locales, garantizando un precio justo para la fruta, y tomando medidas de forma inmediata para aliviar el ahogo económico al cual están sometiendo a los actores involucrados en la cadena productiva frutícola.
Desde mi lugar en el Senado, seguiré bregando por la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente federal y equitativo, que valore y proteja lo que producimos en nuestra tierra. Y que la prioridad siempre sea cuidar nuestra producción y empleo nacional.