Presentan un proyecto en el Concejo Municipal rosarino para prorrogar la auditoría de pensiones por discapacidad, debido a que solo el 50% de las personas pudo tramitar su revisión.
La concejala rosarina Verónica Irizar, impulsora de la iniciativa, aseguró que “las personas con discapacidad sufren las ‘equivocaciones’ de un gobierno nacional cada vez más injusto e insensible”. Es por esto que se busca que se extienda el plazo del sistema de turnos y para la presentación de la documentación requerida, como así también la publicación de un padrón público junto a la suspensión de medidas punitivas.
Al respecto, señaló que la iniciativa surge “ante la falta de conocimiento y sensibilidad por parte del Gobierno nacional, que además de incurrir en violaciones a tratados internacionales y un maltrato constante ahora y después comprobar la ineficiencia de su resolución, la derogan y prometen una nueva disposición”.
Sin embargo, técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas expresaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios.
A raíz de ello, a partir de una revisión exhaustiva se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Todo esto afecta a quienes tienen que solicitar su revisión, provocando que solamente el 50% de las personas alcanzadas en la región lo pudiera llevar adelante
Además de la prórroga en el sistema de turnos y para la presentación de la documentación requerida por las auditorías, también se plantea la publicación de un padrón público de beneficiarios y turnos asignados junto a la suspensión de medidas punitivas y/o cese en el pago de las pensiones “hasta que se garantice que la totalidad del padrón de la provincia de Santa Fe haya sido fehacientemente notificado y evaluado, con el fin de garantizar transparencia y accesibilidad en el proceso, como también justicia en la prestación”.
Esta iniciativa, aprobada el pasado jueves en el recinto, se da en el marco de la resolución N° 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que dispuso la realización de una auditoría general de todas las Pensiones No Contributivas de la Ley N° 13.478 y Decreto N° 432/97, además de la alta tasa de inasistencia que tuvieron los turnos asignados para la auditoría.
“El mecanismo elegido es cruel y poco eficiente, algo que ya se hizo costumbre en la gestión del presidente Milei, que tiene el único objetivo de recortar beneficios y derechos a los más vulnerables. De otra forma no se entiende como la mitad de población objetivo estimada no se presentó, y por qué se montó un sistema que debería auditar 900 personas por día, algo imposible para el dispositivo armado en el prestador. Ahora, a último momento y después de hacer pasar mucha gente por un proceso cruel decide reverlo y proponer un nuevo sistema de auditorías”, subrayó Irizar.
En Rosario hay alrededor de 13 mil personas que según los responsables de la auditoría fueron notificadas. “Debido a la complejidad de la metodología utilizada, solamente el 50% pudo asistir a los turnos y cumplir con lo solicitado. Desde el Concejo Municipal buscamos una prórroga en los plazos planteados, para que más personas puedan conseguir el beneficio, ya que en muchos casos es el único ingreso con el que pueden contar”, señaló la concejala.
En ese marco, detalló que “los turnos llegan con poca antelación y la persona con discapacidad no llega a conseguir todos los requisitos que se le exige en ese tiempo acotado, en lo referido a su historia clínica y estudios médicos actualizados”. Además, agrega que “los beneficiarios de la pensión actualmente no cobran más de $278.000 con bono incluído, por lo que carecen de recursos para abonar un profesional privado que les gestione los estudios que exige la Andis”.
“Otra barrera que encontramos fue el lenguaje extremadamente técnico empleado en las cartas documento recibidas lo que fue dificultoso para la gran mayoría, fundamentalmente para las personas con discapacidad, muchas de las cuales cuentan con secuelas de salud importantes, orgánicas o de salud mental y que no entienden de qué se trata la auditoría, como también para sus acompañantes y para los profesionales de la salud que deben realizar las certificaciones”, explicó la edila.
Conjuntamente, subrayó que “muchas personas no fueron notificadas, pese a formar parte del padrón del operativo de control”, esto fue denunciado por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis).
“El Estado tiene el derecho y el deber de auditar todos los procesos que otorgan derechos y garantías, pero debe de hacerlo siempre acorde a un plan y a una metodología que la haga accesible e implementable para todos. En la mayoría de estos casos son personas que suelen atenderse en el sistema de salud pública provincial o municipal, con lo cual una tarea de cruce de información previa hubiera sido más eficiente y simple, evitando la doble carga que están haciendo los sistemas de salud y las complicaciones y la angustia que le generaron a las personas con discapacidad y sus familias”, remarcó Irizar.
Por último, afirmó que “el gobierno nacional debe estar atento a esta situación y no permitir que miles de personas y familias, de forma arbitraria queden sin la pensión, sin garantías ni explicaciones y también sin cobertura médica, ya que el acceso a las pensiones garantiza también la atención través del programa Incluir Salud”.
