Por decisión del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, esa comuna del norte del GBA suspendió por 180 días el sistema de fotomultas tras hallar «inconsistencias, ambigüedades y contradicciones» en la ejecución de los convenios firmados en los años 2020 y 2022 con universidades públicas que habrían desviado y tercerizado las funciones para las que había sido contratadas en compañías privadas.
Mientras la medida esté vigente –el plazo de suspensión de las fotomultas rige desde el 23 de abril pasado– se reforzarán los operativos de seguridad vial usando empleados de tránsito local.
La decisión fue por decreto y durará hasta que el Municipio esté en condiciones de garantizar que “la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios».
Suspenden las fotomultas en San Isidro
La determinación de Lanús ocurre frente a la falta de información relevante sobre el funcionamiento del sistema, regido bajo convenios realizados por Gustavo Posse. En el municipio existen sospechas de un entramado de recaudación en beneficio de terceros, a partir de una llamativa ausencia de constancias documentales sobre todo el proceso que involucra a las fotomultas en el distrito.
Por eso, el decreto firmado por Lanús intima a la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), que suscribieron convenios por fotomultas con Posse, respondan en dos semanas una serie de requerimientos para clarificar «ambigüedades y contradicciones presentadas hasta el momento».
En un posteo de su cuenta oficial de X, Lanús agregó: «Queremos garantizar que el sistema de fotomultas esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino. Y mucho menos para beneficiar a empresas y/o funcionarios políticos escondidas detrás de convenios oscuros. Ese debería haber sido el propósito desde el primer día. No lo fue. Por eso, lo frenamos».
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Los convenios con la UNSAM se firmaron el 7 de mayo de 2020 y el 1 de agosto de 2022; mientras que con la UNSO) se realizaron el 1 de agosto de 2022 y el 23 de septiembre de 2022. Ahora, cuando desde la municipalidad se controlaron estos documentos, hallaron que, a diciembre de 2023, no existía un listado completo que permitiera identificar todos los equipos de fotomultas instalados en San Isidro.
Según La Política on Line, el foco se pone en el caso de la UNSO es particular. «No tenía alumnos pero ya tenía fotomultas», señalan cerca de la Comuna para focalizar en la baja matrícula de esa universidad que, sospechan voces del distrito, se habría convertido en una caja política del possismo.
Por otro lado, dos compañías son las encargadas de brindar el servicio de cámaras: Tránsito Seguro S.A. y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).
«En San Isidro nos encontramos con un sistema de fotomultas opaco. En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos a las universidades y al resto de los actores intervinientes. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos», explicó el intendente Lanús.
La intendencia reveló que hay instalados 268 mecanismos: 229 de los cuales son cámaras de semáforo que se utilizan para verificar los vehículos que cruzan esa intersección; el resto son radares para controlar el uso del cinturón del seguridad y celular (2); de velocidad fija (35); y tótems para labrar las fotomultas (2).
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Durante la gestión de Posse, todo lo relacionado con los convenios se encontraba en manos de Andrés Vásquez. Cuando el possismo perdió las elecciones, el funcionario renunció y se llevó consigo parte de la información de su antiguo puesto. Lo curioso es que no regresó a su casa sino que se fue a vivir a España.