La Cámara de Diputados avanzó este martes en la comisión de Legislación Penal con un dictamen para modificar el Régimen Penal Juvenil reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en medio de un debate cargado de tensiones políticas y sociales.
El dictamen fue impulsado por el Gobierno nacional con el respaldo de bloques dialoguistas como PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal, quienes lograron mayoría para avanzar con la iniciativa.
El proyecto, que será debatido en el recinto en las próximas semanas, establece que los adolescentes de 14 y 15 años serán imputables en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.
Por su parte, Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos rechazaron de plano la propuesta, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “con este proyecto se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. También advirtió -al igual que muchos de los presentes- que este dictamen le ha hecho importantes modificaciones al redactado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.
Del mismo, remarcó que este nuevo sistema penal tiene las “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” con una “mirada socioeducativa y no punitiva”. Sostuvo, además, que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”.
En el cierre de su intervención, confirmó su apoyo al despacho (en disidencia) y exigió que “ningún juez aplique ninguna medida privativa de la libertad hasta no tener los institutos adecuados en condiciones de tener menores de edad”.
Por Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal aclaró que “este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”, cargó que “no hay basamento científico en los datos que se dieron” durante las reuniones informativos y acusó al bloque de La Libertad Avanza de expresar “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.
Luego, dejó en claro que la “edad mínima no es la que propuso el gobierno”, destacó el consenso con los demás bloques para fijar en 14 años porque consideró que es la “edad razonable para intervención del sistema penal”. También, lanzó críticas contra la ministra de Seguridad: “Este dictamen rechaza ese slogan mentiroso de que al ‘delito de adulto le corresponde pena de adulto’”. “Eso ha sido repudiado y es una barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, sumó.
Por último, explicó que esta legislación se trata de un sistema de penas progresivo: “Cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”. Además, ratifico que el dictamen “prohíbe la prisión perpetua”.
En contra de este proyecto, estuvieron el diputado nacional Christian Castillo, quien señaló que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, cuestionó.
Luego, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “este tema no está maduro para dictaminar”, y manifestó: “Entiendo que hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.
También, la diputada nacional Mónica Macha de Unión por la Patria llamó al texto como una “medida inconstitucional que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares”. Luego afirmó que es “un proyecto nefasto que atrasa”. También develaron su oposición al proyecto en cuestión Victoria Tolosa Paz, Matías Molle, Natalia Zaracho, Brenda Vargas Matyi y Varinia Lis Marín.
La modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.
Tal como lo expresó Marcela Campagnoli en el debate, la persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil.
Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.
Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.
Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.