El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió este martes la intervención de la administración de Vicentin SAIC por 120 días y designó a los actuales veedores, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, como interventores de la compañía por ese plazo. El magistrado adoptó esa decisión luego de conocer los informes de los veedores y la delicada situación de la agroexportadora, que ni siquiera pudo cumplir con las obligaciones salariales en tiempo y forma en los últimos dos meses.
La resolución de Lorenzini desplaza de la conducción de la empresa a su actual directorio, algunos de cuyos integrantes están detenidos por estafa en una causa penal que tramita en Rosario. Los fiscales de ese caso creen que los ejecutivos utilizaron dinero de Vicentin para pagar gastos propios, como los abogados que los representan en ese mismo expediente.
El fallo del juez civil y comercial de Reconquista ordena también “suspender (sin derecho a percepción de haberes) por el mismo plazo de 120 días, todos los mandatos, poderes y funciones de los actuales directores naturales de la sociedad Vicentin SAIC”, aunque aclara que “deberán prestar colaboración y mantenerse a completa disposición de la intervención y demás órganos y auxiliares del proceso concursal y de este Juzgado para el desarrollo de las actividades que expresamente les fueran requeridas”.
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Ante la delicada situación que atraviesa la agroexportadora concursada desde marzo de 2020, el magistrado también resolvió que los proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía, seguros y otros “se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios” por 60 días hábiles judiciales. Y que, en caso de que ya hayan sido suspendidos, los restablezcan. La medida da cuenta de delicada situación a la que llevaron a la compañía sus directivos en los últimos años, luego de ser la empresa nacional más importante de procesamiento de oleaginosas del país.
En los considerandos del fallo, Lorenzini explica que adoptó esa decisión para la “prevención del daño en curso, contemplando alternativas para que -incluso en caso de juzgarse inevitable- pueda no obstante ello ser atemperado de tal forma que no implique la aniquilación total de la actividad productiva” de Vicentin.
También argumenta la “protección efectiva de la empresa económicamente viable” para evitar su quiebra, y en el caso de que no sea posible, “ante la imposibilidad de evitar una quiebra liquidativa, anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante la actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial”.
El concurso de Vicentin SAIC aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia nacional sobre la definición del acuerdo que la compañía alcanzó con la mayoría de acreedores, pero que fue rechazado en instancias judiciales previa por el perjuicio que le ocasiona a algunos de esos acreedores.
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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista había avalado el acuerdo, pero los representantes del acreedor comercial Commodities (del Grupo Grassi) lo cuestionaron ante la Corte de Santa Fe, que revocó la medida y dispuso que se dicte un nuevo fallo. Entonces, la empresa acudió con un recurso al alto tribunal de Justicia de la Nación, que tiene en sus manos la definición al respecto.
En medio de ese proceso, la empresa adujo nuevos problemas económicos y dificultades para mantener los contratos de fazón con otras agroexportadoras que, a la vez, aparecían como «interesadas estratégicas» para darle continuidad al negocio, y en los dos últimos meses pagó los salarios en cuota y en medio de un conflicto, en el que interviene el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.