Desde hace 15 días, la Comisión de Legislación del Trabajo presidida por Martín Tetaz (UCR), comenzó una serie de reuniones informativas para abordar los proyectos, antes de la discusión de los textos por parte de los legisladores.
En la primera reunión, especialistas en derecho laboral y a entidades empresarias analizaron los proyectos sobre cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad, quien inició la jornada de trabajo fue el abogado laboralista, Juan Manuel Ottaviano: “La cobertura de la negociación colectiva en Argentina es especialmente alta, comparable a los países más desarrollados”, explicó.
“Un debilitamiento de la negociación colectiva significaría menos cobertura, menos extensión, menos dinamismo, estabilidad”, dijo Ottaviano, antes de señalar que eso provocaría “mayor desigualdad en la distribución de la renta, dispersión salarial y mayor desigualdad de género”.
Guillermo Gianibelli, titular de la Cátedra Derecho del Trabajo de la UBA, explicó que “la Corte sostuvo la constitucionalidad de este tipo de cláusulas, es decir que hay un consenso sobre la legalidad y la constitucionalidad de las cláusulas de solidaridad”.
“Nuestro sistema constitucional pone a los sindicatos en un lugar preponderante, con una función de igualación, es decir que toda nuestra legislación tiene que tener una actividad promocional de lo sindical y no de debilitamiento”, argumentó.
Por su parte, Armando Farina, de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), reclamó que «escucho hablar de libertad sindical y derechos, pero no escucho a nadie que hable de los derechos de las personas que generan los fondos”.
“Cuando vemos que hay un montón de aportes que se hacen que no se justifican en que se gastan, tenemos que rendir cuentas”, dijo Farina. “Para nosotros no hay nada más limpio que sea el trabajador el que disponga qué quiere pagar y que no quiere pagar”, añadió.
Pablo Topet, titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la UBA, defendió que “en Argentina hay negociación colectiva que cubre el 85% del sector privado y el 90% del sector público, es decir que tenemos una noción colectiva muy abarcativa”.
“Tenemos 1500 acuerdos colectivos por año, tenemos un sistema muy robusto que nos equipara a los países más importantes del mundo. Mucho de lo bueno que pasa en el país es por el sistema de negociación colectiva”, enfatizó Topet.
Pablo Mosca, especialista en Derecho Laboral, opinó que “los diferentes proyectos buscan sostener la idea de la democracia sindical, pero debe sostenerse que el sistema actual merece una actualización”.
“Las cuotas de contribución o solidarias son una carga, son aportes compulsivos y están afectando el nivel de ingreso de los trabajadores en un 4%”, argumentó.
Por último, Juan Poccard, integrante de la Cámara de Supermercados Mayoristas, consideró “imprescindible tener transparencia: eso significa que cada empleado sepa exactamente lo que contribuye”.
“Lamentablemente no es así, el recibo de sueldo no incluye todas las contribuciones que hacemos como empresarios. Me encantaría que cada uno decida qué es lo que hace con los ingresos. Démosle la oportunidad al empleado que decida lo que quiere hacer con su dinero”, sostuvo Poccard.
Segunda jornada
Durante el encuentro, expusieron titulares de las cátedras de Derecho del Trabajo de las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales de la UBA y representantes de vinculadas con la abogacía para analizar las iniciativas referidas a las cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad.
El director del Instituto de Economía Política, de la Universidad Siglo 21, Gastón Utrera, pidió que, para que no haya ningún tipo de discriminación, pensar las mismas reglas de funcionamiento para la dirigencia política, la dirigencia sindical y la dirigencia empresaria. Al respecto, enfatizó en incorporar la definición de la cantidad de delegados gremiales.
“En el contexto en el cual la competitividad se gana de a centavos, estar entre 3 y 20% de costo adicional implica inviabilidad de procesos productivos, donde depende no solamente de los empresarios sino también de los trabajadores, lo que implica una distorsión enorme para las pymes, que cuanto más chica sea más perjudicada está”, manifestó Utrera.
Luis Palmiero, de la Cátedra de la doctora Dobarro, de Derecho del Trabajo de la UBA, señaló que “la Corte ha reafirmado que no hay invalidez constitucional o convencional que limite la posibilidad de las organizaciones sindicales, conforme el artículo 9, de efectuar esta contribución”. En tanto, remarcó que “no hay vulneración absoluta de la libertad sindical como señalan la mayor parte de los proyectos”.
“Los pilares de la libertad sindical tienen dos ejes sustanciales sobre los que ningún proyecto habla que me parece importante destacar: la negociación colectiva y el derecho a huelga”, resumió
En tanto, Camilo Alan, empresario textil, remarcó que las “pymes somos las que generamos empleo, aportamos al país la dignidad de la gente”. En otro orden, visiblemente emocionado, manifestó que “no se vende, la gente está sin plata; lloro porque sufro por la gente”. “Como no vendo no puedo seguir aumentando la mercadería”, reveló.
Al afirmar que “este proyecto debe avanzar inmediatamente”, el presidente de la Confederación Federal PYME, Mauro González, analizó que “estamos en un contexto de efecto morza para las pymes, con un mercado interno totalmente depreciado, y paralelamente tenemos una apertura en las importaciones. Y, esto, inevitablemente va a repercutir en mayor desocupación, en menos trabajadores y menos pymes”. “Si queremos producir más y mejor para poder competir con el mundo tenemos que reducir los impuestos”, sintetizó.
En representación del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Verónica Quinteros, expresó su preocupación por “cómo se quiere atacar a la entidad sindical en cuanto a la posibilidad de tener recursos propios”. “En los lugares de trabajo donde no hay representación sindical el derecho del trabajo individual no se aplica, esa es la forma de garantizar que las leyes se cumplan”, subrayó.
Por zoom, Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado Universidad Siglo 21, destacó que el “margen del Congreso para la legislación es enorme y tiene como sólo límite la democracia sindical”. De la Asociación de Ex Becarios de Bologna, Carlos Ullua, recalcó que “algunos proyectos creen que eliminar la palabra cuota de solidaridad inhabilitaría a los sujetos colectivos a no poder negociar; sin embargo, la autonomía para negociar convenios colectivos de trabajo la siguen teniendo y pueden poner la cuota de solidaridad”.
Al referirse a los fieles, Richard Irvine, vocal de la Iglesia Cristiana Hermanos de Plymouth, solicitó que “los proyectos incluyan una cláusula haciendo lugar a la conciencia religiosa”. “No es que tenemos en la mira a los sindicatos, sino que no asociamos con ningún tipo de organización”, aclaró.
El asesor legal y miembro paritario de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la República Argentina (CAMIMA), Gustavo Kechichian, hizo hincapié en las contribuciones que cámaras empresarias le reclaman a empresas metalúrgicas que no están asociadas a ellas. “Estas contribuciones no tienen ningún fundamento legal, no hay norma escrita que las avale”, explicó. “Manifestamos la necesidad de que cese el estado de incertidumbre respecto a la obligatoriedad y que no se pueda imponer ningún tipo de aporte a empresas no afiliadas a una cámara empresaria”, añadió.