La Corte Suprema decidió trasladar, a través de la secretaría penal, el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal. Significa el primer paso del tribunal en este expediente de alto impacto político e institucional, ya que en esta causa (vialidad) se podría confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, por irregularidades en el manejo de obras públicas.
Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha clave para presentar candidatos a legisladores nacionales para participar de las elecciones generales del 26 de octubre, lo que presiona Cristina, quien espera el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad que la involucra.
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La acción busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, en la que planteó que se incremente la condena contra Cristina Kirchner a doce años tras sumar seis años otorgados por asociación ilícita al de administración fraudulenta.
La Cámara Federal de Casación rechazó la presentación del fiscal y condenó a la dirigente peronista solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ante el fallo, Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte. En el recurso, definió de «arbitraria» la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una decisión inválida.
Actualmente, la Corte tiene pendiente de resolver 17 recursos de queja, dentro de los cuales se encuentran sus actuales jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Por otro lado, se encuentra el planteo presentado por la defensa de Cristina Kirchner, quien busca revertir la doble condena en su contra, impuesta por un Tribunal Oral 2 y confirmada por la sala IV de la Cámara de Casación.
Este recurso, presentado por su abogado Carlos Alberto Beraldi, constituye el último intento de la expresidenta para evitar que la sentencia quede firme y se active la pena de prisión, así como la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.