Un abogado denunció este lunes al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios, por malversación de caudales públicos a raíz de la presunta venta de casi 400 millones de dólares a valor oficial el viernes último, cuando ya sabrían que en breve fijarían una banda cambiaria por un monto mayor.
La demanda resultó sorteada en el Juzgado Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo y la fiscalía de Alejandra Mángano, informaron fuentes judiciales.
El abogado Leonardo Martínez Herrero denunció a Milei, Caputo, Bausili; Juan Curutchet; Marcelo Ferro; Matías Furiase; Marcelo Griffi; Juan Pedro Inchauspe; Silvina Rivarola; Baltazar Romero Krause; Sebastián Sánchez Sarmiento y Wladimir Werning, integrantes del directorio del Banco Central.
Los delitos son presunta «malversación de caudales públicos» y «defraudación contra la administración pública». Además, en la denuncia se explicó que el pasado viernes, que fue día del anuncio, el Banco Central «liquidó reservas por un valor de U$S 398.000 a un valor inferior a los $1.100 por cada unidad, cuando ya se descontaba una devaluación por parte del Gobierno».
Esto habría ocurrido «con posterioridad al acuerdo técnico que habían arribado el presidente Milei y su Ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se sabía que ese mismo día el directorio del organismo haría el anuncio de la aprobación del referido acuerdo».
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Según la denuncia, «no se explica por qué la autoridad monetaria vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios los 398 millones de dólares a valor de $1097,50». Lo habría hecho, sostuvo el abogado denunciante, «sabiendo que se elevaría su cotización en pocos minutos más» al fijar una banda cambiaria por un monto mayor.
El abogado se preguntó por qué los vendieron, quiénes fueron los compradores y pidió investigar si se hizo «para un grupo de personas con posible información privilegiada». La denuncia será enviada a la fiscal Mángano para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación penal.