La oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La Libertad Avanza y sus aliados, el PRO y a UCR estuvieron ausentes en el debate.
El proyecto tiene como objeto establecer una variedad de medidas de «protección y promoción de derechos; garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores básicos; garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad», entre otros puntos.
Además, la propuesta introduce modificaciones a distintas leyes para armonizarlas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El autor del proyecto, Daniel Arroyo, sostuvo que “emergencia significa darle prioridad presupuestaria a la atención a la problemática de la discapacidad” y “lleva a obligar al Estado Nacional a darle prioridad a un esquema puntual”.
“Se están dando muy pocas prestaciones para las personas con discapacidad. Tenemos dificultad con el transporte. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual alguien que tiene que hacer un tratamiento cinco días a la semana, lo llevan dos”, explicó y apuntó que hay “problemas serios en materia de educación” con gran rotación de asistentes que acompañan a los alumnos. También se suma “el retraso claro en el acceso a los medicamentos”.
El exministro de Desarrollo Social precisó que hay 1.200.000 personas que “acceden a una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima”. “Está bien, hay que hacer una auditoría, es evidente que hay personas que accedieron a pensiones que no les correspondían. Pero llevamos 15 meses y estamos en un promedio de 300 mil cartas documento”, puntualizó y aseveró que “se está haciendo un proceso de ajuste absolutamente brutal”.
Por su lado, la diputada nacional por el PS, Mónica Fein manifestó preocupación por la incertidumbre en salud pública. Pidió explicaciones por la disolución del Instituto Nacional del Cáncer y exigió que se implementen campañas de vacunación.
Mónica Fein
“La exclusión que se está viviendo por el brutal ajuste, golpea aún más fuerte a personas en situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes poseen una discapacidad. La sociedad merece que este Parlamento piense una estrategia de los diferentes sectores políticos para poder debatir esta emergencia en el recinto, concluyó.
La legisladora también elevó su reclamo al Ministerio de Salud para que se ”informe por qué se tomó la decisión de dejar a pacientes pediátricos y adultos con cáncer por fuera de un abordaje integral eliminando capacitación de equipos médicos y de investigación, y cómo va a asegurar que se sigan cumpliendo sus funciones”.
Además, frente al impacto por el aumento de casos de Sarampión, Fein cuestionó la falta de campañas que derivan en los bajos niveles de vacunación: “No podemos culpar a la pandemia, hay una decisión política del gobierno de no priorizar la prevención”.
El diputado de UxP Eduardo Valdés observó que “para este Gobierno el verbo auditar es aniquilar derechos. Nunca se les ocurriría auditar a los grandes unicornios que todos los años se llevan de piso 100 millones de dólares (en subsidios). Con eso se resolvería todo el déficit de las personas con discapacidad”. “La única discapacidad en la vida es una mala actitud y es lo que están haciendo hoy”, expresó.
Por su parte, la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz cuestionó que “es un caballito de batalla de este Gobierno poner el gran manto de duda sobre las personas con discapacidad, y poner la excusa de una gran auditoría para, no solamente no dar ninguna nueva alta, sino para seguir congelando el monto de la pensión”.
Victoria Tolosa Paz
“El Gobierno imagina a las personas con discapacidad solamente como personas que tienen una enfermedad”, dijo y habló, en cambio, a favor de una concepción de “modelo social” que “les permite ser incluidas en la sociedad”. “Este proyecto vuelve a poner en cabeza de la ANDIS toda la competencia y la saca del Ministerio de Salud”, explicó.
Tolosa Paz anticipó que desde la oposición buscarán votar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque “es la única opción” ya que “este tema no está en la agenda del Ejecutivo”.
Otra de las que habló fue Danya Tavela, del bloque Democracia para Siempre, quien resaltó que “estamos ante una situación crítica”. “La discapacidad también puede adquirirse, nadie está exento”, advirtió la radical y reconoció que no le “gusta” declarar emergencias, “pero a veces no queda otra alternativa”.
“Seguramente no serán muchos los diputados que acompañen, porque en este pacto de oscuridad y silencio que algunos sectores están llevando adelante con el Gobierno, muchas veces estos temas quedan para otra oportunidad”, lamentó y aseguró: “Tenemos que impedir que este Gobierno siga en este camino de abandono, de desidia, de mala fe”.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, ejemplificó que “con la mitad de los fondos reservados que le dieron a la SIDE, podríamos estar financiando la totalidad de las prestaciones para las personas con discapacidad”. “La crueldad que mencionaron todos los diputados, cuando uno le pone números queda más clara la arbitrariedad, la discrecionalidad y la escasa o nula voluntad política de resolver este tema”, agregó.
En el final del debate sobre el proyecto, el diputado misionero del bloque Innovación Federal Carlos Fernández se sinceró: “A pesar de estar acompañando (al oficialismo) en muchas cosas que no queremos y votamos por conveniencias provinciales, he logrado que en mi provincia me autoricen a acompañar esto”.
Carlos Fernández
En el mismo sentido, solicitó avanzar en el diálogo para que, todos aquellos que “necesiten la autorización de los gobernadores”, avalen en la Comisión de Presupuesto “y podamos meter esa firma con total autoridad y convicción de que es necesario”.
Fernández dijo que iba a hacer una “catarsis” sobre la coyuntura respecto de las medidas del Gobierno, el diputado de UxP Daniel Gollán lanzó que “en algún momento tenemos que parar y decir ‘nuestra consciencia nos dicta una cosa, y si mi gobernador me manda a hacer otra, y mi consciencia me dice que yo no puedo dejar a los discapacitados desamparados, tenemos que ir a favor de los discapacitados’”.
También se pasaron a la firma varios proyectos de declaración y pedidos de informes al Ejecutivo. Respecto de los referidos al cierre del Instituto Nacional del Cáncer, Del Caño enfatizó que esa decisión “marca nuevamente la crueldad del Gobierno” en el marco de “un ajuste muy fuerte que está viviendo toda la salud”. Y rechazó que el pedido de informes sobre este tema tenga giro a Presupuesto: “Es absolutamente ridículo”.