Dos días después de la represión policial a la movilización de cada miércoles jubilados al Congreso nacional, acompañada esta vez por hinchas de clubes de fútbol, el fiscal federal Franco Picardi pidió al Ministerio de Seguridad nacional que incorpore a la demanda por sedición que presentó a raíz de los incidentes “evidencia” relativa a las acusaciones.
Por ejemplo, le solicitó los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barrabravas en el Congreso nacional y “toda documentación y/o información” disponible al respecto. Picardi abrió una investigación en base a la denuncia que presentó el funcionario Fernando Soto por mandato de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, luego que el juez federal Sebastián Casanello le delegara la instrucción de la causa.
En ese sentido, en un dictamen firmado el viernes, el fiscal requirió al ministerio que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría, según se menciona en la denuncia. Picardi requirió los «registros completos» de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad.
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En esas comunicaciones «se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de «barras bravas de diversos clubes» ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación mencionada».
Además solicitó que la cartera conducida por Bullrich que aporte «informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los «supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas»», como se menciona en la denuncia.
En concreto, pidió aquellas evidencias «en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego». La fiscalía reclama además «registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el «principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti»”, a quien Bullrich mencionó como ligado al club Chacarita Juniors y al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo.
“En este sentido, también toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos: «Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires»”.
Picardi pidió al ministerio la documentación y/o información que posea sobre la actuación de esos grupos y los “actos de violencia de extrema gravedad” por los cuales se los denuncia. En la presentación del Gobierno se asegura que “la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización muñidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos), armas de fuego, clavos de tipo ‘miguelito’ para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones”.
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“Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso», concluyó la fiscalía al librar oficio al Ministerio de Seguridad.
El director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Soto, denunció el viernes que en el marco de la manifestación de jubilados en reclamo de aumento de sus haberes realizada en los alrededores del Congreso de la Nación, hubo hechos de violencia premeditados. La denuncia es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.