Una resolución judicial suspendió la vigencia y efectos del decreto 116/2025, que convertía al Banco Nación en sociedad anónima. El fallo firmado por el juez Alejo Ramos Padilla, que interrumpió las modificaciones por el plazo de al menos seis meses, se trata de la confirmación de la medida cautelar interina del pasado 25 de febrero, cinco días después de la publicación del decreto, mediante la cual el magistrado le había dado al Gobierno un plazo de 5 días para que informe y argumente su decisión
En este nuevo fallo, el juez argumentó que la administración de Milei no acreditó que “el ente resulte deficitario, ni demostró el perjuicio concreto que produciría en los contribuyentes o en el funcionamiento del Estado”.
El magistrado sostuvo que con la transformación del banco, el Poder Ejecutivo “asumiría el riesgo de desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado, que ha tenido un rol fundamental para mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país, como más adelante se desarrollará, así como dejar de prestar funciones esenciales en materia de administración de fondos de jubilaciones y pensiones”.
Al emitir la primera medida cautlelar, Ramos Padilla había requerido que el Gobierno informe qué interés público justificaba la decisión. El ejecutivo argumentó que la suspensión del decreto “comprometería la administración de los recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y de los contribuyentes, o el restablecimiento del orden económico financiero y a mejorar el funcionamiento del Estado”. Pero el magistrado encontró que esos argumentos tenían un «alto grado de indeterminación» para valorar la «real afectación del interés público», y que no aparecían «elementos que justifiquen o permitan tener por acreditado que el Banco Nación esté atravesando ‘una situación de emergencia’”.
El fallo también señala que el Congreso de la Nación se manifestó en reiteradamente en contra de la privatización y «a favor de su continuidad como ente autárquico público». «Esta entidad bancaria no figura en el listado de entes autárquicos respecto de los cuales se prohíbe su disolución”.
En relación al fallo, se pronuciaron desde la Asociación Bancaria y remarcaron que la Justicia le sigue dando la razón y es una victoria para los trabajadores y trabajadoras bancarias, ya que frena la posibilidad de que se avance sobre la privatización del Banco.
En el comunicado, también recuerdan que la entidad quedó fuera de la lista de empresas sujetas a privatización. “El Poder Ejecutivo se excedió en los límites que el Congreso le otorgó al realizar la delegación de facultades. De esta manera el camino hacia la privatización queda detenido momentáneamente, por lo que seguiremos firmes y alertas en la defensa de nuestro querido Banco Nación. La Justicia nos sigue dando la razón”,