La represión policial durante la marcha en defensa de los jubilados de este miércoles en la zona del Congreso de Buenos Aires continúa generando repudios y repercusiones.
Durante la manifestación, 114 personas fueron aprehendidas y se registraron unos 25 heridos por la agresión policial. El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien se encontraba registrando una valla prendida fuego, cuando fue atacado por un policía que le lanzó una cápsula de gas lacrimógeno, el que impactó en su cabeza. El reportero gráfico se encuentra en grave estado internado en el hospital Ramos Mejía, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Tras los hechos, el Centro de Estudios Legales y Sociales denunció el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Pero antes de los acontecimiento, el organismo ya había advertido sobre el desmedido operativo policial que se preparaba el Ministerio de Seguridad.
En relación a esto, el Cels realizó una presentación ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar las irregularidad en el uso de la fuerza por parte del Gobierno nacional. “Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales», resaltó Diego Morales, director de Litigio del Cels.
Te puede interesar:
Represión en la marcha de los jubilados: el Gobierno arremete contra la jueza que ordenó liberar a los detenidos
Durante una conferencia de prensa realizada este jueves, desde el sindicato de reporteros gráficos Argra detallaron que “el arma que hirió al fotógrafo Pablo Grillo estaba prohibida hasta la implementación del protocolo antipiquetes. El arma se encontraba inhabilitada en Argentina y en gran parte del mundo, y Bullrich lo derogó”.
#AHORA ???? | Conferencia de prensa por el ataque a Pablo Grillo.@CELS_Argentina: «La pistola lanza gases estaba prohibida como en gran parte del mundo y Bullrich lo derogó. Es un arma potencialmente letal». pic.twitter.com/a3PZlD3c2v
— Barricada ★ TV (@barricadatv) March 13, 2025
Asimismo, remarcaron que un proyectil similar fue el que impactó sobre el docente Carlos Fuentealba, terminando con su vida. “Por ese y otros hechos en Chile y demás lugares del mundo, esta pistola había quedado prohibida. No es lo mismo el lanzamiento de una granada y otra cosa es disparar con una pistola, esto es potencialmente letal”.
“Represiones como la de ayer son decididas de antemano. No son una respuesta a la movilización, sino una política de gobierno”, completaron.
A su vez, indicaron que “la policía cometió delitos graves: uso descontrolado de armas, ataques a personas mayores, detenciones sin pruebas. Todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades”.
Te puede interesar:
Un fotógrafo está en estado crítico tras ser herido en la cabeza por la policía de Bullrich
Detenidos y liberados
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) remarcó que las gran mayoría de las personas heridas y detenidas eran trabajadores de prensa, jubilados e integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales. “No hay golpe, hay represión”, enfatizaron.
La jueza a cargo de las causas por las aprehensiones, Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, dijo que la información sobre las detenciones tenía “deficiencias graves”, que se vulneraban derechos constitucionales y que se trató de detenciones arbitrarias. “Nadie está acusado de atentar contra la vida democrática, que sí se afecta al impedir las protestas”, dijeron desde el Cels.
En ese sentido, la magistrado definió que las detenciones afectan “derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
“El gobierno resucita la narrativa del golpe de estado para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer con las amenazas de la Ministra Bullrich”, cerraron desde Cels.
Las y los jubilados que vemos cada miércoles tienen alrededor de 70 y 80 años. Reciben golpes, gases, empujones. La protesta es un derecho.
La actuación de este policía es ilegal. pic.twitter.com/eib5IQrtxQ
— CELS (@CELS_Argentina) March 12, 2025