Los objetos decomisados a organizaciones ilícita o personas acusadas de cometer delitos tienen varios fines, según la ley sancionada en 2016 por la Legislatura santafesina que creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad): uno de ellos, a partir del dinero producido en las subastas de autos, casas o joyas secuestradas por la Justicia, consiste en la reparación de víctimas.
El Gobierno de Santa Fe informó este martes que distribuyó 33 millones de pesos entre ocho víctimas de una causa en la que se investiga una estafa piramidal -o esquema Ponzi- en Rosario. Si bien aún no se dictó condena en la caso, la ley permite que ante determinados supuestos el Estado pueda decomisar los bienes y disponerlos.
“Estos $33 millones, cuyo monto a cobrar por cada víctima fue determinado por un juicio abreviado en la Justicia provincial, se pudieron devolver gracias a que los bienes que quitamos a los delincuentes, en este caso a los estafadores”, dijo el titular de la Aprad, Matías Figueroa Escauriza.
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El funcionario agregó que “los pudimos rematar en subastas públicas y transformarlos en dinero. Esto demuestra la importancia de la Aprad en la provincia de Santa Fe. Es fundamental para debilitar el crimen organizado, mostrando en esta oportunidad que quitamos el dinero a los delincuentes y lo devolvemos a quienes fueron estafados, cerrando el circuito de la importancia de las subastas públicas en nuestra provincia”.
En la misma línea, Figueroa Escauriza destacó que la utilización de recursos provenientes de remates de bienes del delito ya permitió producir otras reparaciones civiles. “Ya son 13 las víctimas que hemos resarcido y muchas las instituciones que hemos beneficiado con donaciones producto de la compra de elementos que adquirimos a partir de las subastas”, dijo.
En el caso que se informó este martes, las ocho víctimas habían sido estafadas en la ciudad de Rosario bajo un de estafa piramidal o esquema Ponzi, por el nombre del inmigrante italiano residente en los Estados Unidos, Charles Ponzi, quien fue uno de los primeros en concretar un fraude financiero por medio de la captación de inversiones sin respaldo, en 1920.
Los $ 33 millones con los que se compensó a las víctimas (con diferentes montos dispuestos por la Justicia) fueron recaudados gracias a la subasta de un vehículo que había sido incautado en el marco de esa causa, según detalló el Gobierno provincial.
De remate
Por otra parte, la Aprad recordó que el próximo 15 de marzo se realizará una nueva subasta de bienes y derechos patrimoniales incautados a organizaciones o personas acusadas de ilicitudes -no es necesario que tengan condena firme-, que tendrá lugar en el salón Metropolitano de Rosario desde las 12.30.
Para participar de esa instancia, es necesario realizar una registración previa en la página de internet oficial del gobierno, en el enlace santafe.gov.ar/subasta.
Figueroa Escauriza recordó que la del 15 de marzo será la subasta de mayor cantidad de bienes desde el inicio de la gestión de Unidos, a fines de 2023, ya que saldrán a remate 120 lotes, compuestos por inmuebles (viviendas), autos, motos, motos de agua y hasta materiales para la construcción.
Entre ellos, se destaca un vehículo de alta gama y que es infrecuente ver por las calles de Rosario. Se trata de una Maserati modelo Levante, de 2018, pero con apenas 781 kilómetros rodados. La base a la que sale a subasta es de $50 millones, cuando su valor de mercado puede acercarse a los $200 millones.
Durante el año 2024 se realizaron dos subastas, en las que se obtuvo una recaudación de $ 1.124 millones, de acuerdo a la información proporcionada por la Aprad. “La primera, efectuada el 25 de abril en Rosario, dejó como saldo $ 400millones, mientras que la realizada en septiembre en la ciudad de Santa Fe arrojó un beneficio de $724 millones”, detalló la agencia.