El Gobierno designó por decreto en la Corte Suprema a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla «hasta la finalización del próximo período legislativo».
El nombramiento se da luego de que fracasara el intento del oficialismo por tratar el pliego de Lijo en la Cámara de Senadores en sesiones extraordinarias por no haber conseguido los dos tercios necesarios para tratar las propuestas para sumar magistrados el Máximo Tribunal.
Las designaciones son para completar las vacantes que dejaron las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
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El Gobierno nacional se ampara en el artículo 99 de la Constitución Nacional que habilita los nombramientos por decreto. El antecedente más reciente es el de Mauricio Macri en diciembre de 2015, cuando designó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto, pero finalmente asumieron con el acuerdo del Senado.
Según un comunicado de la Oficina del Presidente de la Nación, la decisión de designar por decreto a los jueces se tomó para «normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, que no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros». «Esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos», añadió.
«Habiendo cumplido con todos los requisitos procedimentales, el 27 de mayo del año pasado esta administración remitió al Senado los mensajes correspondientes para solicitar el acuerdo de ambos candidatos», amplió la carta. Y recordaron que «tras cumplirse las audiencias de Lijo, el 21 de agosto, y de García-Mansilla, el 28 del mismo mes, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado».
«No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el periodo ordinario, el Presidente optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el Presidente», aclaró el Gobierno.
Por último, el Ejecutivo sostuvo que «desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos. La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio».