La querella y la fiscalía de Corrientes, que investigan la presunta estafa piramidal de Generación Zoe, solicitó que se declare la responsabilidad penal del empresario Leonardo Cositorto y otros cinco imputados. El Tribunal de Goya, compuesto por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, dictará el veredicto este viernes, que determinará si los acusados son responsables de los cargos en su contra por el presunto fraude que afectó a miles de personas. La decisión judicial marcará un paso clave en la resolución de este caso que generó gran conmoción en la sociedad.
Los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará argumentaron que durante el juicio «se comprobó que Cositorto, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Batista, Lucas Camelino, Nicolás y Javier Medina conformaron una asociación ilícita».
Durante la lectura de los alegatos, los fiscales fundamentaron su pedido al basarse en los testimonios de damnificados, el documental que se observó a lo largo del debate oral y otraspruebas.
«Los organizadores o jefes idearon planificaron la oficina de la ciudad de Goya poniendo en marcha una estafa piramidal a través de herramientas de engaño indujeron a error a los inversores», explicaron con respecto a Cositorto y Batista, y añadieron: «Se presentaron como una academia de coaching financiero, como una empresa de educación pero esto era una pantalla para traer inversores«.
Los funcionarios judiciales destacaron que «se acreditó con el grado de certeza la autoría de los imputados como organizadores y como integrantes».
En esta misma línea, la querella, encabezada por el abogado Pablo Fleitas, solicitó que todos los sindicados sean declarados culpables y señaló: «Estamos seguros que las empresas madres eran Generación ZOE y ZOE Empowerment SA».
El letrado pidió que Cositorto y sus supuestos cómplices «sean declarados responsables de los delitos de asociación ilícita y estafa continuada, en concurso real».
El defensor oficial Andrés Buffil consideró que «hubo una organización con una apariencia de legalidad porque existían dos sociedades madre constituidas legalmente de las cuales Echegaray y Camelino integraron solo ZOE Empowerment SA». Por su parte, pidió que ambos clientes sean absueltos y negó que haya una asociación ilícita, al tiempo que, de acuerdo a su alegato, «todas las organizaciones fueron legalmente creadas».