En medio de las dificultades que atraviesa el oficialismo para la aprobación de los pliegos de los abogados, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, desde el Ejecutivo evalúan la postulación de Ricardo Rojas a la Corte Suprema de Justicia, luego de que este último dialogara con Javier Milei y desistiera del ofrecimiento del Gobierno de reemplazar a Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro, cargo que finalmente quedó en manos del joven abogado Santiago Castro Videla.
Por ahora no hubo una oferta concreta, y en parte su posible arribo al Máximo Tribunal dependerá de la continuidad de las negociaciones del oficialismo con la oposición en el Congreso. Si la Cámara alta repele a los dos actuales postulados -o a uno de ellos- eso le abriría la puerta a Rojas.
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Rojas, fue una de las primeras opciones para encabezar la procuraduría, debido al acercamiento ideológico con el Presidente y a su larga trayectoria, pero luego de una reunión que celebraron el pasado lunes, declinó la propuesta, pero la agradeció y manifestó desde su cuenta de X: «Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él (Milei) y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor».
Desde La Libertad Avanza apuntan a que el letrado de 66 años ocupe un puesto de importancia y ante la dificultad de lograr un consenso en el Senado para que Lijo y García Mansilla sean incluidos como jueces de la Corte, su nombre empezó a ser analizado en caso de que no progresen sus pliegos.
«Ricardo es una persona brillante y es muy valorado por el Presidente, pero tiene la mentalidad de un juez y no tanto de un abogado, que aunque parezcan lo mismo, son muy diferentes. Un procurador debe ser, justamente, alguien que trabaje para encontrar lugares legales a favor de una parte y no alguien que sea imparcial», explicaron fuentes del Ejecutivo.
A su vez, desde el Gobierno examinan también la posibilidad de reemplazar a uno de los propuestos, o de eventualmente, aumentar la cantidad de jueces dentro de la Corte. Actualmente, la composición quedó solamente con tres, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la jubilación de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024. Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti son los únicos encargados de momento.
El letrado, fue secretario de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993 y luego juez en lo Criminal de Buenos Aires hasta 2008, cargo que retomó por concurso en 2011. Asimismo, tiene una vasta trayectoria académica, ya que fue profesor en varias universidades argentinas y docente visitante y conferencista en toda América Latina, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos.
Además, en 2023 lanzó el libro «La inflación como delito», cuyos conceptos fueron utilizados para la redacción de un proyecto de ley que obligara a sancionar a los funcionarios responsables de la emisión monetaria, como a aquellos legisladores que aprueben presupuestos con déficit.