La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la República Argentina para evitar un fallo que habilita a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por un monto estimado en 310 millones de dólares.
La decisión favorece a tenedores de bonos de los ‘90 que entraron en default luego de la crisis de 2001. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos 3 meses. En Octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI que obligó a pagar más de 1.300 millones de euros (sumado intereses) a un grupo de bonistas.
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Estos activos se encuentran depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, en Alemania y en suiza, y se encuentran asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.
La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central de la República Argentina y no del Estado, lo que los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, otro elemento que, de acuerdo con la legislación internacional, debería garantizar su inmunidad frente a embargos.
Los beneficiarios de este nuevo fallo realizarán formalmente un pedido de embargo a la jueza Loretta Preska y, que de esa manera lo autorice y lo presente en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, tanto en la sede de Estados Unidos como en las otras dos. Con esa autorización, podrían tomar posesión de los 310 millones de dólares, aunque no cubra la totalidad del pago.
Los acreedores integran un grupo de seis holdouts, que seguían sin cobrar una sentencia anterior del juez Thomas Griesa y, como Argentina no abonó lo que correspondía, actualmente poseen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes.