Los gremios integrantes de la Fedeación Sindical, Marítima y Fluvial (Fesimaf) se encuentran desde este lunes frente a la situación más preocupante por la que pasa la actividad debido a que el sector fue alcanzado por la ola de la desregulación.
Según habían denunciado en los últimos días, las modificaciones que el Gobierno pensaba realizar sobre la actividad y que tienen vigencia desde la publicación en el Boletín Oficial “ponen en riesgo la soberanía nacional y los derechos laborales”.
El nuevo Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave) será el fundamento de la normativa que buscará desregular la actividad y bajar los costos.
El decreto 37/2025 estableció que la Prefectura Naval Argentina (PNA) será la autoridad que fiscalizará el cumplimiento del régimen.
De este modo, el Ejecutivo nacional avanza con el objetivo de conferir al sector “un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias”.
Para ello, suprimirá la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan “redundantes”.
La resolución difundida en el Boletín Oficial está firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y por Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad, quienes presentaron el régimen desregulatorio durante un acto en Puerto Madero a finales de noviembre.
Así, los principales cambios en la actividad propuestos por la creación del Reginave son los siguientes:
Reconocimiento de principios generales de libertad económica y de contratación.
Incorporación de estándares y certificaciones por Organizaciones Reconocidas y por Sociedades de Clasificación miembros de las IACS, lo cual permite liberar y simplificar el sector, respecto a: Construcción, reparación y modificación de buques.
Elementos de los buques construidos en Argentina o en el extranjero.
Establecer la validez general de las autorizaciones de Prefectura sin necesidad de autorización por cada zona.
Creación de un régimen simplificado para la construcción y certificación de buques de menos de 100 t, con posibilidad de ampliarlo a mas tonelaje. A partir de ahora las certificaciones la podrán hacer profesionales en el tema.
Simplificación de régimen de matriculación y transferencia de buques.
No va a ser más necesario el permiso del Estado para matricular o desmatricular un buque.
Para las transferencias no va a ser más necesario pedir un libre deuda a cada agencia del Estado.
Simplificación y actualización de cuestiones de personal.
Principios de libertad de contratación, digitalización de trámites, y limitación a control de personal a solo por razones de seguridad.
Extensión de la vigencia de las habilitaciones del personal de tierra (a cinco año o más).
La necesidad de baqueanos queda limitada a sólo cierto tipo de buques.
Eliminación de obligación de contratar de serenos.
Modernización del régimen de navegación deportiva.
Delegación a Federaciones Náuticas para el otorgamiento de carnets.
Extensión a 10 años de los plazos de vigencia de permisos.
Habilitación a actividades comerciales con embarcaciones deportivas.
En buceo profesional establecimos también la validez de certificaciones internacionales, sin necesidad de homologación de la Prefectura.
En explotación petrolera establecimos la validez de certificaciones internacionales para dispersantes sin necesidad de homologación por la PNA.
La Fesimaf ya había trasladado todas sus preocupaciones por las modificaciones que el Gobierno pretende implementar en el sector.