El Gobierno iniciará la semana próxima el proceso para licitar corredores viales, con el argumento de “seguir reduciendo el gasto público” y sostener el equilibrio fiscal, que ya tiene. Sin embargo, el promovido “ahorro” para el Estado no luce significativo, ya que se trataría de U$S5.000 millones en 20 años, es decir, unos 250 millones de dólares anuales. En los primeros 12 viajes realizados al exterior -varios de ellos por asuntos partidarios- por el presidente, Javier Milei, el Estado argentino gastó U$S1.500.000.
El esquema de licitación de rutas nacionales comenzaría con corredores viales claves para el comercio del Mercosur, ya que se buscaría un nuevo concesionario para las rutas 12 y 14 que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y que también incluiría el puente Rosario-Victoria, según adelantó el Gobierno en noviembre pasado sobre el esquema vial.
El concesionario actual es Caminos del Río Uruguay (Crusa), cuya concesión vence el 9 de abril próximo. La compañía le reclama al Estado nacional unos 300 millones de dólares porque aduce un incumplimiento del contrato y atraso de tarifas, como ya ocurrió también con las concesiones viales en los años 90, durante la presidencia de Carlos Menem, a quien Milei considera “el mejor presidente” desde la recuperación democrática en 1983.
La empresa propuso obtener una extensión del contrato y a cambio dar de baja su juicio contra el Estado. En la discusión está incluido el aumento del peaje de la ciudad bonaerense de Zárate en aproximadamente 140%.
Látigo y billetera
En el Gobierno aseguran que existen otras ofertas, en especial una de un consorcio integrado por tres constructoras. Se habla de una inversión cercana a los 600 millones de dólares, según publicó la agencia Noticias Argentinas (NA).
Al igual que en el segundo período de políticas neoliberales del país, en los años 90 del siglo pasado, el Gobierno nacional abandona capacidades estatales para luego mostrarlas como desastrosas y argumentar que deben estar en manos privadas. Desde su asunción, Milei frenó de modo casi total la obra pública, entre ella la destinada a mantenimiento vial.
Como saben los santafesinos que circulan por las rutas nacionales –particularmente la 11 y la 33, pero también la 34 que va hasta Santiago del Estero-, el estado de los corredores es deplorable. “No cortan ni los yuyos de la banquina”, se quejó en más de una oportunidad el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien junto al gobernador, Maximiliano Pullaro, solicitaron a la Casa Rosada que si no van a mantener las cintas asfálticas, se las pasen a la provincia para que realice el mantenimiento y reparación.
Pero no, evidentemente, la táctica libertaria era otra: abandonarlas para justificar su privatización. Paralelamente, el parate de la obra pública dejó a las constructoras sin una de las fuentes de sus ingresos, por lo que la apertura de licitaciones de corredores viales les vuelve a abrir una ventana de oportunidad de negocios.
Rutas argentinas
También se prevé lanzar la concesión de más de 8.000 kilómetros de las Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba, informó este sábado NA. En las licitaciones se pedirá a los oferentes solucionar todos los baches, reparar banquinas, señalización horizontal y vertical, e iluminación. Recién ahí podrán acceder a la nueva tarifa, dicen en el Gobierno.
Asimismo, la Casa Rosada busca concesionar las rutas que actualmente están bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales, que según el Gobierno tenía una deuda hasta fines de septiembre por casi $16.000 millones.
Milei recortó el 95% de las obras en provincias y municipios para que se hagan cargo los gobiernos locales de las tareas que son de interés local. De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras estiman que solamente se pueden poner peajes rentables en 1.000 kilómetros: los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ruta nacional 3, qu va de Buenos Aires hacia la Patagonia.
