El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inactivaron, durante la mañana de este martes, dos inmuebles ubicados en Bello al 3936 y Oria al 4055, en la zona noroeste de Rosario, los cuales eran utilizados para comercializar estupefacientes. En este caso los búnker no se derrumbaron, sino que sus aberturas fueron bloqueadas para impedir el acceso a los mismos.
En diálogo con los medios, entre ellos Conclusión, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, comentó: “Son lugares muy emblemáticos desde el punto de vista de la seguridad. Algunos de los grupos que gestionaban estos inmuebles, durante todo el 2023 ocasionaron balaceras, heridos de arma de fuego en las inmediaciones, fue un lugar que tuvo actividad comandada desde la cárcel de Piñero hasta hace prácticamente un año”.
“Son lugares vinculados a Hernán ‘Lichi’ Romero. Son inmuebles que estaban en funcionamiento, habían sido allanados varias veces, eran viejos puntos de venta, marcados y señalados desde hace años por los vecinos y por información judicializada, pero seguían funcionando y en el entorno se producía una degradación de la convivencia con hechos violentos y circulación de delincuentes de forma permanente”, completó el ministro.
Asimismo, detalló que estos dos búnker no se demolerán, sino que tendrán un “bloqueo físico”, es decir, se tapiarán sus aberturas para impedir el acceso a las construcciones. “Después quedará para la discusión en otro ámbito judicial la cuestión de la propiedad -señaló Cococcioni-, pero para impedir la continuación de la actividad delictiva, la Fiscalía solicitó la inactivación física”.
“El medio de inactivación se discute en cada caso concreto, a veces hay derrumbe o demolición, y en otros casos bloqueo para que nadie pueda pasar. Queremos agregar una tercera opción, que es la ocupación positiva del lugar con actividades estatales, sociales o comunitarias, como forma de impedir que vuelven a meterse y apropiarse los delincuentes”, aseguró el titular del Ministerio de Seguridad.
A su turno, el fiscal Diego Giró explicó: “Esta investigación inició por reiterados llamados de vecinos, dando cuenta de que en estos lugares se vendían estupefacientes. A raíz de eso, se coordinó con la Policía de Investigaciones (PDI) un trabajo que arrancó en agosto. Allí se pudo constatar la venta de sustancias ilícitas en estos lugares, que era básicamente constante”.
El funcionario del MPA observó que primero se detectó la actividad ilegal en el domicilio de calle Oria, y luego se constató que el inmueble de Bello al 3900 se usaba para acopiar estupefacientes. Además, precisó que se las asociaciones delictivas montaron una carpa frente a esta última construcción, desde donde vendían al público.
“Se realizaron diversos allanamientos, se detuvo a personas, se secuestró material estupefaciente y eso derivó en que hagamos la solicitud para llegar a esta inactivación con bloqueo de aberturas. Esta es una zona que históricamente ha estado vinculada a la banda de Lichi Romero, que está preso como jefe de una asociación ilícita y por delitos conexos”, añadió el fiscal.
Por último, informó que los últimos allanamientos de la investigación se realizaron hace dos semanas, donde se detuvo a varios hombres y mujeres, todos ellos mayores de edad, que estarían a cargo de la venta de estupefacientes.
Por otro lado, el ministro Cococcioni destacó el aumento en la cantidad de personas detenidas: “Si bien no es un hecho para festejar, habla de la proactividad de la policía en la calle y de la eficiencia del sistema investigativo y judicial. Normalmente, la población penal en Santa Fe subía 700 presos por año, pero en los últimos doce meses hubo 1.300 nuevas personas privadas de su libertad. Cada 48 horas hay siete nuevos presos en la provincia”.
Finalmente, informó que a lo largo de este año se derrumbaron 36 puntos de venta en toda la provincia de Santa Fe, de los cuales 27 se encontraban en Rosario. Además, en materia de fondos, aseguró: “Presupuesto para seguridad va a haber siempre, porque es la prioridad número uno de la gente, y, por ende, es la principal preocupación de nuestro gobernador”.