El Gobierno nacional no transferirá a Neuquén y Río Negro ningún porcentaje del paquete accionario de las cuatro represas hidroeléctricas que planea privatizar.
El pedido había sido solicitado hace un mes por senadores de ambas jurisdicciones, quienes exigieron que el 50% de las empresas quede en manos del Estado provincial, y también por los propios gobernadores provinciales al pedir que se «respeten» los aspectos «económicos y financieros» de los embalses.
«Un reciente informe elaborado por la Jefatura de Gabinete de la Nación concluyó que la administración de estas centrales seguirá siendo potestad del Gobierno nacional, descartando así cualquier posibilidad de transferencia a las provincias», planteó el Gobierno en un documento.
El informe del Poder Ejecutivo está basado en un «análisis exhaustivo» de la legislación vigente, especialmente la Ley 15.336, en el que se reafirma el marco jurídico que otorga al Estado la facultad de gestionar las represas hidroeléctricas.
El pasado 10 de octubre, el Gobierno emitió el Decreto 895/2024 en el que oficializó el concurso público nacional e internacional por 180 días para vender el 100% de las represas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
Las cuatro actualmente son operadas por empresas privadas, pero sus paquetes accionarios son propiedad de Enarsa en un 98% y Nucleoeléctrica en un 2% restante. Ambas compañías son estatales y, desde la aprobación de la Ley Bases, están sujetas a privatización.
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Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la potencia instalada entre los cuatro embalses es de unos 4.170 mega watts, que representan entre un 10 y 15% de la matriz energética nacional.
EL PEDIDO DE LAS PROVINCIAS
Hace poco más de un mes, senadores de Neuquén y Río Negro enviaron una nota al ministerio de Economía para solicitar una modificación al Decreto 895/204 para que sólo se venda el 50% del paquete accionario de los embalses y que el restante quede en manos del Estado provincial de ambas jurisdicciones. Este pedido fue realizado por los senadores neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag; y los rionegrinos Martín Doñate y Silvina García Larraburu.
Anteriormente, los propios gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) se habían reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y le habían expresado un pedido sobre las represas.
«En este encuentro, reafirmamos nuestras demandas respecto al uso del agua y los aspectos ambientales, económicos y financieros relacionados con las represas en los ríos Limay y Neuquén», resaltaron en un comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales.