Un grupo de magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas ha presentado una querella criminal contra el rey emérito, Juan Carlos I, por cinco presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos en sus declaraciones tributarias entre los años 2014 a 2018.
La querella se ha interpuesto ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por considerar que existen elementos suficientes para constatar la existencia de irregularidades con Hacienda cuando ya no era jefe del Estado. Los hechos entonces denunciados, y posteriormente archivados, se habrían cometido tras la abdicación de Juan Carlos I, momento a partir del cual el exjefe del Estado no cuenta con la protección de la inviolabilidad que le otorga la Constitución durante el ejercicio de sus funciones.
El texto expresa la disconformidad de los querellantes contra el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado, que dio por buenas en 2022 las dos regularizaciones fiscales que realizó el rey emérito sobre sus finanzas. Los querellantes argumentan que las dos regularizaciones que Juan Carlos I presentó en el año 2020 y en 2021 no son legales porque se habrían efectuado cuando ya se le había notificado en dos ocasiones sobre una investigación abierta contra él por delitos fiscales.
Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, según consignó Euro News.
Los querellantes solicitan que el exjefe del Estado sea llamado a declarar en su domicilio de Abu Dabi. También piden que se interrogue a una decena de personas o representantes de distintas sociedades o fundaciones que abonaron gastos del emérito o gestionaron su fortuna en el extranjero.
Regularizaciones fiscales hechas ‘a posteriori’ y otros presuntos delitos
En diciembre de 2020, el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria una primera regularización fiscal por el impuesto de sucesiones por un valor de 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía «a las donaciones de Allen Sanginés Krause».
La segunda de ellas, presentado en febrero de 2021 y por valor de 4.416.757,46 euros, corresponde a los gastos sufragados a Juan Carlos I por la Fundación Zagakta, propiedad del primo del rey emérito Álvaro de Orleans, con posterioridad del 19 de junio de 2014.
Suiza también archivó las investigaciones sobre el emérito sobre el supuesto cobro de comisiones del AVE desde Medina a La Meca (Arabia Saudí), al considerar que no se podía probar determinadas cantidades recibidas por el emérito y la adjudicación de los contratos para empresas españolas.
A estas investigaciones se sumó el Reino Unido, cuyo Tribunal Superior investigaba la denuncia de su amante, Corinna Larsen, por acoso y difamación. El Tribunal la desestimó hace un año al considerar que la Justicia inglesa no tiene jurisdicción para hacerlo. Larsen reclamaba al rey emérito 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.
