El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, informó este sábado los resultados de las auditorías realizadas en comedores, copas de leche y merenderos conveniados dentro del programa Tarjeta Institucional.
Ese proceso se inició en enero en todo el territorio provincial con el objetivo de «optimizar los recursos estatales, transparentar los criterios y formalizar los procesos de funcionamiento de estos espacios».
En su momento, la difusión periodística de casos aislados generó polémica e “indignación” en la opinión pública por el uso de recursos públicos para los sectores socialmente vulnerables.
Sin embargo, los resultados de la auditoría, en la provincia, arrojan un porcentaje poco significativo de «casos graves», atento a que la mayoría de los casos relevados como con «irregularidades», obedecen a aspectos administrativos.
De acuerdo al informe que difundió este sábado el gobierno, la Secretaría de Desarrollo Territorial reportó la judicialización de 15 casos graves en la ciudad de Rosario.
El detalle revela los siguientes datos: 2 instituciones denunciadas por dirección inexistente; 3 por datos falsos; 2 por malversación de fondos; 7 por suplantación de identidad y 1 por venta indebida de mercadería.
Los casos graves reportados representan el 1,7% de los comedores, copas de leche y merenderos auditados en todo el territorio santafesino, sobre un universo de 887 instituciones.
Ahorro estatal
“Durante el proceso se detectaron irregularidades en 250 instituciones conveniadas dentro del programa Tarjeta Institucional, de las cuales el 50 % logró corregir su situación”, indicó el gobierno como resultado de la auditoría.
“Con los fondos recuperados de los espacios dados de baja, se establecieron 180 nuevos convenios”, agregó.
En un lapso de ocho meses, trabajadores sociales, nutricionistas, administrativos y funcionarios visitaron 887 instituciones, de las cuales 250 presentaban algún tipo de irregularidad, la mayoría de orden administrativo.
“De ese grupo, el 50 % logró ordenar su situación y cumplir con los requisitos establecidos”, informó este sábado la Gobernación santafesina.
A partir del emprolijamiento del papeleo, el Estado provincial recuperó casi 250 millones de pesos mensuales (en promedio) por las bajas determinadas. Y ese dinero es “reinvertido en 180 nuevos convenios, de los cuales 107 pertenecen al centro sur y 73 al centro norte”.
Respecto a las 250 instituciones que no cumplían con los requisitos, el gobierno informó que “se procedió a la baja de 124 espacios (56 en el centro sur y 68 en el centro norte)”.
Además, explicó que “en el 50% de los casos, los motivos de la baja fueron administrativos, debido a la falta de documentación necesaria”.
